A pesar de los rumores que surgieron en la última semana sobre la posible suspensión de la actual Ley de alquileres, el futuro de la normativa sigue siendo un enigma para inquilinos y propietarios que exigen, desde hace tiempo, cambios urgentes en el mercado inmobiliario.
La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) informa que al tratarse de un tema “de gran sensibilidad social, de incidencia en la economía familiar y de necesaria claridad para el correcto asesoramiento profesional”, se gestionó un pedido de informe y audiencia con las áreas competentes, a fin de brindar información certera que permita colaborar en la temática. “Hasta el momento, solo podemos afirmar que no se ha confirmado desde las autoridades nacionales, ninguna acción concreta, destinada a la modificación de la norma. Preocupados por el impacto social de la noticia, que genera expectativas en los sectores involucrados sin contener los detalles completos de cuáles serán las medidas específicas que se evalúan, apelamos a la prudencia y responsabilidad de todos los actores intervinientes… a fin de lograr un correcto diagnóstico de situación y adopción de medidas integrales de corto, mediano y largo plazo, para afrontar las necesidades que surgen en relación a la vivienda y locaciones en general”, detalló la FIRA, a través de un comunicado.
Ante la falta de precisiones sobre este tema, el sector inmobiliario atraviesa horas agitadas y más allá de la incertidumbre generada (se habla de la posibilidad de instrumentar contratos a dos años e indexados semestralmente, donde los precios se acordarían libremente entre partes) es importante destacar que aún rige el plazo de tres años y el ajuste anual según el Índice de Contratos de Locación (ICL).
El debate
Mientras se especula con la posibilidad de que el Gobierno nacional suspenda por decreto la actual ley para volver al sistema que regía antes por 180 días, el Congreso empieza a analizar alternativas. Actualmente hay dos dictámenes con estado parlamentario, a raíz del debate realizado el año pasado. Pero el dictamen de mayoría que logró imponer el Frente de Todos no modifica algunos de los puntos más cuestionados como la actualización anual de los montos y el plazo de tres años de los contratos. En cambio, propone incentivos fiscales para aumentar la oferta de propiedades en el mercado para que los precios disminuyan.
En diálogo con Am 870, el diputado nacional Lucas Godoy aseguró que hasta el momento hay “trascendidos que se va a derogar la ley, pero no hay nada concreto”. “Es volver a sentarse para analizar cuáles son los mejores mecanismos como si los contratos por dos o tres años han sido perjudiciales, actualizaciones anuales por la inflación que también resulta complicada para ambas partes, porque al ver esta regulación se aumentan los precios, que es el gran problema que se está viviendo”, declaró.
En esta línea, sostuvo la importancia de buscar un proyecto más federal y discutir profundamente la temática porque “la desregulación no es la solución y hay que buscar las alternativas para una ley que provoque que haya más ofertas, porque el precio no se eleva y que existan regulaciones en lo contractual que se proteja más al inquilino por parte del Estado”.
Juntos por el Cambio y otros bloques opositores llegaron a un consenso para sacar un dictamen de minoría que propone volver a establecer contratos de dos años y actualizaciones por un mínimo de tres meses para los alquileres. En relación a esto, el diputado nacional Pablo Tonelli (PRO) afirmó que la derogación de la norma vigente “sería un gran paso adelante y ayudaría a normalizar el mercado”. Además, el legislador porteño añadió que perjudicar a una de las partes “siempre altera el mercado y termina perjudicando a las dos”. “La mejor regla de alquileres es la que no existe y le da libertad a las partes de negociar”, agregó.
FACTOR ADVERSO
El proceso inflacionario descontrolado impide proyectar posibles escenarios.
En el mercado local reina la cautela y sostienen que hasta tanto no se definan las modificaciones no se pueden proyectar posibles escenarios. A inicios del mes pasado, Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, había advertido a LA GACETA que mientras el proceso inflacionario siga sin control, la situación del mercado inmobiliario y los alquileres irá en detrimento. En relación a este panorama donde la demanda de viviendas es superior a la oferta, el referente del sector sostuvo que mientras persistan los altos índices inflacionarios los ciudadanos se verán imposibilitados de acceder a créditos hipotecarios, las constructoras no construirán y a los gobiernos se les dificultará entregar hogares. “Ante esto todo recae en los alquileres. Y si hoy tenemos que hablar del gran problema inmobiliario, tenemos que hablar de la inflación”, lanzó. Actualmente, el país registra 6.400.000 inquilinos distribuidos en 2.350.000 de hogares, lo que demuestra que, en promedio, cerca de un 20% de las personas debe alquilar una propiedad donde vivir, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA).
