Miguel Ángel Pichetto llamó el martes por teléfono a José Luis Lingeri para advertirle la maniobra. “Los van a cagar con la reforma, avisa a los muchachos. Metieron lo del DNU”. Lingeri, de inmediato, alertó con un mensaje de WhatsApp a sus colegas de la mesa chica de la CGT.
El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal se había enterado que Julio Cordero, el secretario de Trabajo que fue el histórico abogado del Grupo Techint hasta hace un mes y medio, había colado furtivamente en la letra chica de la nueva “ley de bases” 58 artículos para modificar la legislación laboral. Se trataba de casi todos los puntos conflictivos que había impugnado la CGT cuando presentó en diciembre un amparo en la Corte Suprema contra el mega decreto de Javier Milei. De los 58 artículos, quedaron finalmente 16, tras la amenaza de los bloques dialoguistas de no acompañar la iniciativa oficialista. Entre los puntos excluidos, estuvo el relativo a “la cuota solidaria”, un atajo al que suelen recurrir los sindicatos para financiar sus organizaciones y las obras sociales. Es el artículo que más le preocupaba a Hugo Moyano.
A través de “la cuota solidaria”, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, y que es pactada con los empresarios en los convenios colectivos, Moyano logra mantener a flote a la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Consiguió ese aporte hace 11 meses y lo pudo revalidar en el último acuerdo salarial homologado, a pesar de las objeciones del ministro de Economía, Luis Caputo. En el caso de Camioneros, son $10.000 mensuales por trabajador que van directo a la obra social. Un ingreso extra de $1900 millones si se tiene en cuenta la cantidad de afiliados.
Moyano destrabó su paritaria en persona, cara a cara con Santiago Caputo, asesor de Milei, y Guillermo Francos, el ministro del Interior. Ambos funcionarios libertarios también se involucraron de manera directa para cumplir los pedidos de la CGT para limitar los alcances del proyecto de reforma laboral, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales y sindicales. Ahora, la negociación que se abrió entre los gremios y el Gobierno es por el paro general del 9 de mayo. ¿Se puede suspender? “Se debatirá en la mesa chica”, confesó un jerárquico de la central obrera.
La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca de 80 años, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque Oschoca se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.
La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. Iarai no pagó los aportes patronales del primer trimestre del año y no está ajena al descalabro financiero. La propia Zulet se puso al frente de las gestiones con los médicos para evitar que renuncien en tropa ante la demora en los pagos y la falta de actualización salarial. En el Sanatorio Antártida, como el de San Justo, ambas propiedades del gremio y exhibidas como clínicas modelo y de alta complejidad, los servicios comenzaron a interrumpirse y la atención de pacientes dejó de ser diaria.
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $11.500 millones, según las planillas a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda en base a la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $20.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Unos 20.000.000 dólares a valor del mercado blue.
“El Antártida es un sanatorio grande, equipado. Si no está en permanente funcionamiento no hay manera de cubrir los costos. Ese sanatorio se lo comió vivo a Moyano”, intenta justificar la crisis de Oschoca un dirigente sindical que conoce en detalle los valores del servicio de la salud. Una pequeña porción de la deuda acumulada Moyano se la pretende facturar a Axel Kicillof. Es por que en el Antártida, que está situado en el barrio porteño de Caballito, se contrató a sueldo en pandemia a mil profesionales para montar 330 camas de cuidados intensivos con el fin de reforzar el sistema sanitario bonaerense por el coronavirus. Disputas peronistas aún sin saldar.
En el país existen hoy unas 290 obras sociales y solo entre 40 y 50 de ellas dan cobertura a casi todo el sistema y no serían deficitarias, según coincidieron dos fuentes del sector. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos y supervisa el funcionamiento de las obras sociales, está hoy al mando de Gabriel González Oriolo, un administrador de empresas que fue gerente de sistemas de la prepaga Osde. Oriolo congeló el vínculo con los gremios y el jueves pasado, por intermedio del Boletín Oficial, les informó sobre un nuevo recorte. Los gremialistas perdieron influencia en la SSS a pesar de que Oriolo habría recurrido a exgerentes del PAMI de la gestión kirchnerista para cubrir áreas clave, como la gerencia económica y financiera.
El derrumbe de la obra social de camioneros como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la SSS. Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el hijo mayor de Hugo, fue uno de los primeros en criticar la gestión de Zulet. Su enfrentamiento viene desde hace años y ya ni siquiera se hablan.
Señales de una rebelión
Los coletazos de la crisis en la obra social comienzan a tener impacto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que Moyano tiene en un puño desde 1992. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba su liderazgo. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. En Jujuy y Tucumán emergieron dos sindicatos de camioneros alternativos con simple inscripción como un desafío y sucedió algo similar en Chaco, donde ya habría tres agrupaciones. Moyano conserva todavía intacto el poder y la verticalidad, pero se abre un inmenso interrogante sobre lo que pasaría cuando ya no esté más.
Aladio, un dirigente de 52 años de Arroyo Seco que se formó gremialmente en camioneros bajo el ala de Abel Beroiz, histórico tesorero de Moyano que murió en 2007 asesinado, busca ahora diferenciarse por completo y hasta se posiciona para un eventual recambio a pesar de haberse retirado de la Federación Nacional.
Tras el aval de la Corte, Aladio avanzó en una reforma del convenio colectivo 40/89 que rige en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafecinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría interéses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización. “La indemnización se mantiene como lo establece la ley. El 3% del sueldo que hoy los empresarios lo destinan a la Federación Nacional [es decir, a Moyano] se destinaría ahora un fondo que servirá para hacer frente a las eventuales indenmizaciones, como si fuera un fondo solidario. Es diferente al de la Uocra porque no reemplaza a la indemnización. En Santa Fe hay 4650 empresas de transporte y el 92 por ciento de ellas no tienen más de cinco empleados. Esto es atractivo para generar más empleo y proteger a las pymes del sector. No hay quita de derechos”, explicó Aladio la iniciativa.
La reforma del convenio, que se aplicaría exclusivamente en Santa Fe y que Aladio aspira a que se expanda a otras provincias, deberá ser antes homologada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El expediente original fue presentado durante la gestión de Raquel “Kelly” Olmos, en noviembre del año pasado. Hoy, seis meses después, Cordero tiene la documentación frenada. Tal vez como otro gesto de conciliación con Moyano.
