El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció la intención de poner fin al Acuerdo Fiscal Municipal, conocido como “Pacto Social” o “Pacto Fiscal”, con el objetivo de que cada municipio logre administrar sus propios recursos.
La declaración fue realizada en la Legislatura, aunque quedó parcialmente eclipsada por su denuncia sobre un intento de sedición policial. No obstante, el anuncio marca un posible cambio estructural en la relación entre la Provincia y los gobiernos locales.
“Nuestra meta es trabajar con los intendentes para que cada uno de ellos pueda administrar con recursos propios. Es decir, ir saliendo del Pacto o del Acuerdo Fiscal y de este modo tener una autonomía plena, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Tucumán, en el caso de resultar necesario”, explicó Jaldo.
El Pacto Fiscal, vigente desde hace 25 años, fue implementado en 2000 bajo la gestión de Julio Miranda a través del DNU 37/3, con José Alperovich como ministro de Economía.
Actualmente, se regula mediante la Ley 8.829, que establece un Convenio Consensuado de Fondos Unificados. En su esencia, el acuerdo permite que los municipios cedan el 100% de sus fondos coparticipables nacionales y provinciales, así como el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), a cambio de que la Provincia garantice el pago de salarios, aguinaldos, servicios esenciales y ciertas obras públicas.
En 2024, once municipios firmaron el acuerdo: Aguilares, Alberdi, Alderetes, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Lules, Monteros, Tafí del Valle, Yerba Buena y Tafí Viejo (que salió del convenio en 2025). Otros, como Concepción, dejaron el Pacto en 2024.
La salida del sistema, sin embargo, no es sencilla. Intendentes y concejales de la oposición sostienen que abandonar el mecanismo sin modificar la Ley de Coparticipación (6.316), la Ley Orgánica de las Municipalidades (5.529) y la de Categorización de los Municipios (5.530) sería inviable. Actualmente, existen proyectos de reforma sin tratamiento en la Legislatura.
El debate sobre el Pacto Fiscal tomó mayor relevancia en septiembre de 2023, cuando intendentes radicales cuestionaron la asignación de fondos, denunciando discriminación en el envío de recursos no reintegrables. En ese contexto, Jaldo, por entonces vicegobernador, anunció que su gestión modificaría el sistema de asistencia mensual a los municipios.
La controversia escaló cuando se reveló que Banda del Río Salí recibió el doble de fondos que Tafí Viejo y Yerba Buena, a pesar de que estos últimos son los municipios más poblados según el Censo 2022. Desde el Ejecutivo provincial aclararon que los fondos se distribuyen en función de la cantidad de empleados municipales en blanco: Banda del Río Salí cuenta con 1.800, Tafí Viejo con 600 y Yerba Buena con 950.
En agosto de 2024, Jaldo abrió la posibilidad de una reforma de la Ley de Coparticipación, señalando que “todo es conversable y discutible” en el marco de un plan de cambios políticos y electorales en la provincia. Sin embargo, la transición hacia un sistema de autonomía municipal podría requerir la renegociación de deudas pendientes de varios municipios con la Provincia.
Mientras se debate la viabilidad de estas modificaciones, la discusión sobre la distribución de fondos y la independencia financiera de los municipios sigue abierta, con intendentes atentos a los próximos pasos del Ejecutivo provincial.
