El presidente, Mauricio Macri, firmará en los próximos días un decreto de aplicación del Plan Nacional Anticorrupción, obligatorio para toda la Administración Pública Nacional, a la que fija políticas de transparencia y de rendición de cuentas.
El plan “forma parte de la estrategia de integridad pública y lucha contra la corrupción, es transversal para todo el Gobierno”, adelantó el secretario de Fortalecimiento Institucional de la jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez. “Tiene el objetivo y el compromiso político de pelear contra la corrupción, no dejar que pase”, agregó.
Señaló que la Secretaría Legal y Técnica está “en el tramo final” de la redacción del decreto que lo pondrá en marcha.
“Nosotros ya formalizamos ante el Presidente y el nos dio el OK, porque este es un plan propuesto por la Oficina Anticorrupción. Lo presentamos ante el Gabinete nacional y se lo notificó a todos los organismos involucrados” para que conozcan “cuál es la metodología y cuáles son los plazos”, puntualizó.
Sánchez remarcó que el plan será “obligatorio, no de cumplimiento voluntario”. En las últimas horas, se le presentó a Macri “un avance” del texto del decreto que en poco tiempo más lo tendrá a su firma, agregó el funcionario que responde al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Dijo que se ha hecho “una revisión y consolidación de toda” la información requerida a los organismos de la Administración Pública “para verificar que sean acciones contundentes, que no sean obligaciones vigentes actualmente”.
Detalló que el plan “se implementará en cinco años y lo distinto que tiene en relación a planes de otros países es que es construido junto con el órgano que va a tener que aplicar las medidas”, en referencia a la Oficina Anticorrupción.
Esta oficina y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional hacen “la coordinación y el seguimiento” en tanto que serán los propios organismos públicos “los que tienen que implementar las acciones identificadas para minimizar y mitigar riesgos de corrupción”, explicó. “Pero también va a participar la sociedad civil” en el seguimiento y control de la Administración Pública, agregó.
Sánchez reafirmó que “el objetivo es transversal, abarca a toda la administración, y las acciones tienden al mismo resultado, pero no son todas las mismas, porque no puede haber acciones para combatir determinadas manifestaciones o posibilidades de corrupción en la Aduana que en otro organismo”. (Télam)
