El Gobierno está complicado políticamente firmando o no firmando con el FMI, aunque claramente la segunda opción es la peor porque las empresas perderían el poco acceso al financiamiento comercial del resto del mundo, es decir, sin poder abrir cartas de crédito, deberían pagar al contado los insumos importados, recurriendo al CCL, con lo cual duplicarían el costo, dada la brecha cambiaria actual, paralizando aún más el nivel de actividad.
Pero la mayor angustia de la población, sea empresario grande, pyme o un empleado formal o informal, proviene de la incertidumbre sobre el futuro económico, porque no ve, y con razón, que un nuevo esfuerzo para hacer frente a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos permitan ver la luz al final del túnel. Y no es que la gente no ve la luz al final del túnel por no entender el proceso económico, es que por el camino que el Gobierno está llevando la economía nos hunde más en el túnel.
El problema de fondo es que el Gobierno no genera credibilidad alguna para atraer inversiones. Argentina tiene una larga tradición de no cumplir con las reglas de juego y el kirchnerismo en particular, no solo no las cumple, sino que las que aplica espantan a los emprendedores. La única manera para poder salir de la pobreza y la alta tasa de desocupación real es atrayendo inversiones.
Y para que un país atraiga inversiones tiene que lograr una combinación de calidad institucional y respetabilidad de su dirigencia política más un programa económico que permita desarrollar la capacidad de innovación de la gente, invertir y arriesgar. Pero, previamente, hay que corregir todas las distorsiones macroeconómicas que introdujo el kirchnerismo en 14 años de gobierno, hasta el presente.
El problema que se presenta es que, dada la continuidad de la política que ahuyenta inversiones, lo único que le queda por hacer al Gobierno es ver cómo va a ajustar al sector privado. Si va a utilizar solo un tarifazo, o lo reemplazará por emisión monetaria o bien por más deuda pública profundizando el problema fiscal por mayor carga de intereses a pagar.
En efecto, si aumenta las tarifas de los servicios públicos por sobre la inflación, para tener algún efecto importante en la baja del gasto público real, tiene que hacerlo en forma más amplia que el mapita que presentó de ajuste un trabajo de la Secretaría de Energía, que parece más un castigo a quienes no votan kirchnerismo que algo serio en términos de distribución del aumento de las tarifas.
Los gastos en subsidios representan 2,94% del PBI, de los cuales 2,38% del PBI son destinados a energía. El gobierno de Mauricio Macri había recibido un monto de subsidios económicos equivalente a 4,18% del PBI y lo bajó en 2019 a 1,64%. En dos años el kirchnerismo anuló ese esfuerzo que hizo la población por desandar el camino del populismo tarifario y terminar con los cortes de luz y falta de gas.
Es decir, duplicó el problema y ahora, con más pobreza, menores ingresos reales de la población, desocupación e indigencia, hay que tratar de resolver este tema. Si no lo hace, tendrá que emitir para financiar el exceso de gasto, con lo cual, en vez de pagar facturas y costo de transporte altos, la población seguirá pagando el impuesto inflacionario con lo cual caerá su ingreso real. En otros términos, o cae el ingreso real por poner en orden las tarifas de los servicios públicos o caen los ingresos reales por más inflación.
Otra alternativa es tratar de bajar la inflación dejando de emitir y tomando deuda, pero en ese caso provocará un crowding out -desplazamiento del sector privado del mínimo mercado de capitales argentino por la absorción de fondos por parte del Tesoro y el BCRA-, subirá la tasa de interés que implicará aumentar el costo fiscal por mayor stock de deuda pública y por gasto cuasifiscal.
Cualquiera de las opciones que este gobierno elija empeorará la situación del sector privado por la sencilla razón que no ofrece una salida de crecimiento económico, sino que simplemente busca entre diferentes opciones de financiar un gasto público con recursos de la sociedad en su conjunto. En síntesis, mientras no haya un gobierno que genere confianza, un horizonte de política económica consistente y recuperación de la credibilidad de la Argentina como país para atraer inversiones, es imposible resolver el problema fiscal sin seguir destruyendo al sector privado.
