El oficialismo intentará dictaminar una reforma clave del Régimen Penal Juvenil. El nuevo mínimo propuesto, de 14 años, contaría con apoyo de varios bloques aliados.
Luego de semanas de postergaciones, el Gobierno nacional se prepara para avanzar la próxima semana con el dictamen de un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad de los menores. El actual Régimen Penal Juvenil establece como piso los 16 años, pero la iniciativa impulsada por el Ejecutivo -a través de los ministerios de Seguridad y de Justicia- pretende bajar ese umbral a los 14 años.
El tema será tratado el próximo martes en el plenario de comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, luego de tres intentos fallidos por motivos diversos, como los feriados de Pascua, el fallecimiento del Papa Francisco y la falta de quórum por el feriado del 1° de mayo.
Aunque el texto original enviado por la Casa Rosada proponía llevar la edad mínima a 13 años, finalmente el oficialismo cedería a cambio de lograr consenso. Con ese cambio, La Libertad Avanza obtendría el respaldo del PRO, la UCR, el MID y otros bloques aliados, asegurando las firmas necesarias para el dictamen de mayoría.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fueron los encargados de impulsar el proyecto en medio de un clima de debate con fuerte carga simbólica y política. En total, existen 14 propuestas en discusión en el Congreso, con planteos que van desde reducir la edad de imputabilidad a 12 años hasta mantenerla en los actuales 16.
Más allá de la edad mínima, los distintos proyectos incluyen medidas sobre el tratamiento penal de los menores infractores. La mayoría coincide en que las sanciones no deben limitarse al encarcelamiento, y se contemplan medidas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento o de conducción, e incluso mecanismos de reparación del daño causado a la víctima.
Otro eje central del debate gira en torno al régimen de penas. Mientras el proyecto original del oficialismo establecía un máximo de 20 años de prisión para los menores, los sectores de la oposición más dialoguista proponen fijar un tope de 15 años. En todos los casos se mantiene la prohibición de imponer penas de reclusión perpetua o prisión perpetua a menores de edad.
Sin embargo, una de las principales críticas al proyecto tiene que ver con la infraestructura del sistema penal juvenil. Legisladores de distintas fuerzas advirtieron que, de aprobarse la baja en la edad de imputabilidad, podría incrementarse la cantidad de menores detenidos. Y el sistema actual, señalaron, no está preparado para albergarlos: no hay suficientes centros de detención adecuados, y el texto legal no contempla partidas presupuestarias específicas para construir nuevos espacios.
La discusión promete ser intensa en el Congreso, ya que combina aspectos legales, éticos, sociales y operativos. Mientras algunos sectores ven en la reforma una herramienta para combatir la inseguridad, otros alertan sobre la necesidad de priorizar la reinserción y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
