Con el paquete de medidas a ser tratadas en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei incluyó un anexo con un amplio listado de empresas ser privatizadas entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, AySA, el Correo, el Banco Nación, Ferrocarriles Argentinos e YPF, además de otras 35 compañías estatales más.
Acompañando el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, como tituló el presidente Milei el proyecto de ley ómnibus, el listado de compañías ahora bajo la órbita del Estado “sujetas a privatización” afecta a algunas de las más emblemáticas empresas públicas de la Argentina. No sólo la aerolínea de bandera o la mayor entidad financiera del país sino también todo el sistema de medios públicos: la agencia Telam, Radio y Televisión del Estado, Radio de la Universidad Nacional del Litoral y la Radio de la Universidad de Córdoba, ambas ya sociedades anónimas.
No es el caso de todas las compañías, muchas de las cuales son sociedades del Estado, pero muchas de las empresas del listado ya son sociedades anónimas, lo que facilita el proceso de privatización. Es el caso de la propia Aerolíneas o de AySA, pero también del Correo Argentino, del banco BICE o de los corredores viales, todas compañías englobadas como susceptibles de pasar a manos privadas.
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El anexo está redactado por orden alfabético y se inicia con la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado y debería, en principio, reconvertirse a sociedad anónima. Sigue con Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Agua y Saneamiento, Banco Nación de la Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Oficial de la República Argentina, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Dioxitex, Educ.ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina. Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. Fabricaciones Militares S.E. Ferrocarriles Argentinos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo, Nación Bursátil, Pellegrini, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nucleoeléctrica Argentina, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes S.A. Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión Argentina, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales Dársena Norte, Télam, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.
El texto de la ley fundamenta la iniciativa de privatizar esas compañías “atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”. Por eso, continúa el proyecto, “se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.
Cada una de las compañías incluida en el listado deberá, eventualmente, correr una suerte distinta a la hora de iniciar un posible proceso de privatización. En el caso de las sociedades del Estado, como Ferrocarriles Argentinos o la Casa de la Moneda, deberán primer convertirse a sociedades anónimas, lo que implica de por sí un largo derrotero. A la par, en cada uno de los sectores en que se privatice una compañía, deberá dictarse un marco de regulación para esa venta. Una tarea ardua y amplia, tanto o más que el listado que Milei envió al Congreso.
