Aunque el Gobierno intentó dar por cerrado la polémica por los 250.000 beneficiarios de planes sociales con supuestas irregularidades, la Justicia desconfía. El fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación y le requirió numerosos informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. El fiscal Guillermo Marijuan citó como testigo al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en otra causa relacionada.
A principios de noviembre, entre fuertes acusaciones internas, un informe filtrado de la AFIP, que dirige el cristinismo, y que había solicitado el exministro de Desarrollo Juan Zabaleta, indicó que más de 250.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo declararon Bienes Personales o compraron dólar ahorro, algo incompatible con el programa.
La semana pasada, la nueva titular de la cartera social, Victoria Tolosa Paz, dio una conferencia de prensa en la Casa Rosada y aseguró que, tras un entrecruzamiento de datos con distintas áreas del Estado, se determinó que “menos del 0.3% de los destinatarios del programa”, solo 2.243 titulares del Potenciar Trabajo, incumplieron las condiciones y se les dio de baja.
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La causa que encabeza Taiano arrancó tras una presentación de su colega el Marijuan, que inició una investigación preliminar (de oficio) sobre las irregularidades que detectó la AFIP en los planes Potenciar Trabajo y al considerar que podían existir delitos formalizó una denuncia penal. La otra investigación, que lleva adelante el propio Marijuan es para determinar por qué el Ministerio de Desarrollo Social anunció solamente la baja de 2300 planes.
“La ministra hizo una conferencia de prensa, aclaró y explicó cuáles son los casos en los que se detectaron irregularidades. Se va a proceder en la dirección que se planteó, y a seguir laburando”, dijo un funcionario del Ministerio de Desarrollo en las últimas hora.
El martes, el Gobierno puso en marcha este martes una auditoría a la que deben someterse, antes del próximo 6 de enero, quienes reciben el plan para mantenerlo. En el primer día se anotaron 57.000 personas.
A la ministra, el fiscal Taiano le solicitó los decretos y leyes que regulan el Potenciar Trabajo, quienes acceden al mismo, cuáles son los parámetros económicos o sociales de los beneficiarios y por qué desde esa cartera se encomendó a la AFIP el cruce de información que detectó las irregularidades.
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Además, solicitó el informe completo con las irregularidades detectadas al titular K de la AFIP, Carlos Castagneto; y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que informe “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero” y si hubo alguna medida preventiva para evitar situaciones como las denunciadas.
Por su parte, Marijuan dispuso tomarle declaración a Juan Manzur el próximo 28 de noviembre a las 11, “oportunidad en la que deberá acompañar la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.
Asimismo, el fiscal fijo una audiencia para el mismo 28 de noviembre a las 12 al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dado que ese organismo hizo el cruce de la información a partir de la cual se detectó la irregularidad en los planes sociales.
