El término lawfare que quiso imponer, sin éxito, el kirchnerismo, se refiere a una guerra jurídica – traducción de la palabra inglesa -, creada para definir el ataque contra oponentes políticos utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar una pantalla de legalidad.
Para organizar el evento, el Poder Ejecutivo, a través del ministerio a cargo de Martin Soria, desembolsará $1.700.000 para gastos como servicios de sonido, audiovisual, streaming y catering del encuentro.
El primero que reveló la información fue el periodista Federico Teijeiro que publicó en sus redes que la cartera de Justicia planeaba gastar $220 mil en la “Contratación de servicios de catering y coffe break para las jornadas de Lawfare”.
Sin embargo, la erogación con fondos públicos con el mero objetivo de defender a la vicepresidenta asciende a casi $2 millones, ya que para la transmisión y difusión de la jornada se gastarán $1.495.000, según datos oficiales del sitio comprar.gob.ar.
Uno de los ejes que deja al descubierto el motivo de la cita en la exEsma, es «Persecución judicial, garantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el periodo 2015-2019”.
Participarán también de la reunión hiper K, entre otros, Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Eduardo Barcesat (abogado de Madres de Plaza de Mayo) y Maximiliano Rusconi (abogado de Julio De Vido).
Esta versión conspirativa acuñada como lawfare, que no existe y ni está determinado en ningún código penal en el mundo, la sostienen un pocos pero la pagamos todos.
