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El gobierno de Alberto Fernández gastará casi $2 millones para unas charlas sobre «lawfare» en defensa de Cristina

Con la presencia de abogados, funcionarios y periodistas afines al kirchnerismo, además de representantes de expresidentes como Lula, Correa, Maduro y Evo Morales, se llevará a cabo en el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) el próximo 2 y 3 de diciembre de 2021 una insólita jornada sobre el supuesto lawfare en América Latina. Uno de los tópicos que se abordarán es la «persecución judicial contra Cristina Kirchner».

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La conferencia la organiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Catering y streaming VIP

El término lawfare que quiso imponer, sin éxito, el kirchnerismo, se refiere a una guerra jurídica – traducción de la palabra inglesa -, creada para definir el ataque contra oponentes políticos utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar una pantalla de legalidad.

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Para organizar el evento, el Poder Ejecutivo, a través del ministerio a cargo de Martin Soria, desembolsará $1.700.000 para gastos como servicios de sonido, audiovisual, streaming y catering del encuentro.

El primero que reveló la información fue el periodista Federico Teijeiro que publicó en sus redes que la cartera de Justicia planeaba gastar $220 mil en la “Contratación de servicios de catering y coffe break para las jornadas de Lawfare”.

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Sin embargo, la erogación con fondos públicos con el mero objetivo de defender a la vicepresidenta asciende a casi $2 millones, ya que para la transmisión y difusión de la jornada se gastarán $1.495.000, según datos oficiales del sitio comprar.gob.ar.

Violencia de género
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Uno de los ejes que deja al descubierto el motivo de la cita en la exEsma, es «Persecución judicial, garantías penales y opinión pública: un análisis sobre las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner durante el periodo 2015-2019”.

Participarán también de la reunión hiper K, entre otros, Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Eduardo Barcesat (abogado de Madres de Plaza de Mayo) y Maximiliano Rusconi (abogado de Julio De Vido).

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Esta versión conspirativa acuñada como lawfare, que no existe y ni está determinado en ningún código penal en el mundo, la sostienen un pocos pero la pagamos todos.

FuenteTribuna de Periodistas
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