Además de las metas de déficit primario, de emisión monetaria para financiar el rojo fiscal y de acumulación de reservas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye una cuarta meta exigible, es decir, que es decisiva para pasar la evaluación trimestral que habilite un nuevo desembolso, que el Gobierno todavía no puede asegurar su cumplimiento.
Se trata del objetivo trimestral de deuda flotante, el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye metas concretas para ese tipo de deuda.
Lo llamativo es que, a diferencia del resto de los objetivos macroeconómicos incluidos en el acuerdo para 2022, la deuda flotante es la única meta que se mantiene fija y sin cambios a lo largo de las cuatro escalas de evaluación. A lo largo del año, en ese sentido, esa suma debería tener como techo unos $535.900 millones. Ese número es el de atrasos que tenía el sector público hacia finales de 2021, especifica la letra chica del acuerdo, por lo que en definitiva la meta es que no haya ningún incremento nominal de ese pasivo.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito genera incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe.
El Gobierno solo tiene publicados los datos oficiales hasta febrero, por lo que faltan los datos de marzo para conocer si pudo cumplir y con qué margen el objetivo exigible por el Fondo para la deuda flotante. Hasta el segundo mes del año, según información publicada por el Tesoro, la deuda flotante acumulada era de $574.000 millones. Eso incluye atrasos $230.732 millones pendientes de 2021 y de $343.363 millones de 2022. De esta manera, el Gobierno deberá mostrar en los datos de marzo un recorte de ese saldo de $38.000 millones para poder alcanzar la meta.
Desde la Secretaría de Hacienda no realizaron comentarios al momento de la publicación de esta nota sobre cuál fue el cambio en el monto de deuda flotante en marzo, ya con los datos oficiales fiscales del sector público dados a conocer la semana pasada.
Para Rafael Flores, director de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) “el sentido de que el Fondo Monetario agregue como objetivo la deuda flotante es que no le hagan una trampa contable. La deuda flotante es la diferencia entre lo devengado y lo pagado. Devengado es lo que ya se considera ya gastado, aunque no todavía abonado. Si un proveedor entrega 10 computadores, el Estado devenga ese gasto en el momento en que se las entregan, pero todavía no está pago”.
“El Fondo lo que dice es: si van a tener un déficit de 3% del PBI, estoy midiendo en base caja, es decir lo pagado. Si están pateando gastos devengados, están bajando el déficit artificialmente. No bajaste nada, sino que es un artilugio contable para que te den mejor los números”, apuntó Flores.
Deuda flotante y sus consecuencias
Según la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.
Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.
“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.
“Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó.
“Las demoras en los pagos pueden repercutir sobre la liquidez de los proveedores y contratistas, afectar el resto de sus actividades y proyectos, generar presión sobre los mercados de crédito, en la medida que deban recurrir a financiamiento bancario, e incluso llevarlos a retrasar sus pagos de impuestos”, apuntó la OPC.
“Por sus potenciales impactos sobre la ejecución y efectividad de la política fiscal y sobre la hoja de balance del sector público, el control y la regularización de pagos atrasados son aspectos habitualmente abordados en los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La gran mayoría de los programas aprobados en las últimas décadas incluyeron metas estructurales o criterios cuantitativos asociados a pagos atrasados”, explicó la OPC.
El Gobierno asegura haber alcanzado las tres metas centrales exigibles por parte del Fondo Monetario. Por un lado, los datos oficiales fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones el objetivo trimestral de déficit primario.
El dato, de todas formas, es discutido por analistas privados ya que para sobrecumplir la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en una partida llamada “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.
Las otras metas exigibles por el Fondo Monetario también habrían sido alcanzadas, aunque eran de más fácil cumplimiento según los analistas. Así, la letra chica reclamaba que las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.
Para ambos casos en el BCRA aseguran que los objetivos se cumplieron. En el primer caso, por el primer desembolso del FMI de USD 9.700 millones y, por otro, porque el Central acumuló hasta fines del primer trimestre adelantos transitorios al Tesoro por $122.000 millones.
Hay, bajo el radar, una quinta meta exigible del Fondo (que en el argot del programa financiero se denomina “criterios de ejecución”) como decisiva para contar los desembolsos desde Washington: el FMI exige que no haya ningún tipo de atrasos en el pago de la deuda externa.
