El Poder Ejecutivo (PE) dará hoy un paso clave para definir qué empresa será la adjudicataria del proyecto para la reparación del dique de El Cadillal, cuyo costo estimado inicial ronda los $700 millones.
A partir de las 11, en la Casa de Gobierno se llevará a cabo la apertura de los sobres con las ofertas elevadas por las cinco firmas invitadas para participar del proceso de contratación directa, previo cotejo de precios.
La intención es que durante esta semana se finalice con estos trámites administrativos, puesto que el objetivo del equipo que coordina el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, es que las tareas en el embalse comiencen a ser ejecutadas el 15 de febrero.
Los plazos no son un detalle en toda esta cuestión. De hecho, la importancia de empezar a resolver el problema de las filtraciones y los hundimientos en la presa motivaron que el gobernador, Osvaldo Jaldo, firme un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita la excepción al procedimiento de licitación pública, en el marco de la Ley 5.854 (de Obras Públicas).
El instrumento ya cuenta con dictamen favorable y será tratado mañana en el recinto de la Legislatura, en lo que será la primera sesión extraordinaria de este año. Al margen de las críticas efectuadas por los representantes de Juntos por el Cambio y del bussismo, la bancada del Frente de Todos (FdT) cuenta con los votos necesarios para darle fuerza de ley al decreto.
Recuperar los fondos
Si bien el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), dependiente de la Nación, ya había detectado las filtraciones en la presa N° 3 del embalse en 2021, no se consiguió que la empresa concesionaria del dique, Hidroeléctrica Tucumán SA, llevara adelante las reparticiones, dijo Hebe Barber, directora de la Regional Norte del ente de control. En un documento enviado a LA GACETA, la funcionaria explicó que la empresa “alegó, entre otras razones, que tenía capacidad técnica y operativa para gestionar la intervención solicitada, pero que carecía de capacidad económica y financiera para realizar la obra”. “La no ejecución de la obra constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales”, indicó.
De hecho, el DNU firmado por Jaldo establece que el Poder Ejecutivo, a través de los canales que correspondan, “realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos (para solucionar las fallas) ante la Empresa Hidroeléctrica Tucumán SA y/o ante quien corresponda, y al reclamo de los daños y perjuicios que pudieran generarse”.
Empezar “de inmediato”
En noviembre pasado, el Gobierno provincial recibió un informe que advertía sobre la importancia de llevar adelante estos trabajos cuanto antes. Así, luego de gestionar el visto bueno de los organismos nacionales -dado que el dique es jurisdicción federal- y de recibir el aval del Tribunal de Cuentas de la Provincia, se resolvió avanzar con la contratación directa de la obra.
La semana pasada, el gobierno había anunciado la invitación a cinco firmas -cuyos nombres aún no fueron dados a conocer oficialmente- para participar del cotejo de precios. Hoy, en la sede del Poder Ejecutivo se abrirán los sobres para determinar cuál es la oferta más conveniente, tomando como parámetro los pliegos de bases y condiciones.
“En el contrato, vamos a exigir a la empresa adjudicataria que empiece la obra inmediatamente”, aseveró Jaldo días atrás.
Soria, por su parte, cuestionó en ese momento a un sector de la oposición, al señalar que “se intentó generar pánico” respecto al estado de la presa N° 3 del Celestino Gelsi. “Si bien la situación es grave, y lo dice el DNU, también dice que deben tomarse medidas al corto plazo; por eso se tomó la decisión ahora”, argumentó el ministro. Y advirtió que, una vez seleccionada la empresa, “pasará para su evaluación” por los controles de rigor del Tribunal de Cuentas, “y se hará el contrato para que el 15 de febrero pueda comenzar la obra”. Se estima que los trabajos se extenderán al menos durante cuatro meses.
