Según confirmó el Ministerio de Seguridad a LA NACION, la magistrada también será acusada por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato durante la marcha de los jubilados
El Gobierno presentará el próximo lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, previamente cuestionada por el Ministerio de Seguridad tras haber liberado a las pocas horas a los 114 manifestantes que fueron detenidos durante la marcha por los jubilados del miércoles pasado frente al Congreso. Según anticiparon a LA NACION desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, la acusación contra la magistrada no solo será por el “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “prevaricato”, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
La embestida contra Andrade se da luego que el Gobierno pidiera apartarla de la causa y tras la denuncia que presentó este viernes el Ministerio de Seguridad contra “grupos organizados de barrabravas” de más de una veintena de clubes de fútbol por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada.
En aquella demanda, el Ministerio de Seguridad ya había anticipado su jugada al aclarar que se encontraba evaluando la presentación de una denuncia penal contra Andrade por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionario público y que pediría investigar el caso en el Consejo de la Magistratura. Es que desde la cartera que lidera Bullrich le endilgan a la magistrada, a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Capital, “no haber aplicado la Ley”, al momento de liberar a los 114 presos durante la marcha de los jubilados.
Básicamente, le cuestionan a Andrade que haya emitido un fallo de madrugada en el que liberaba “en menos de ocho horas” a 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales, “sin haber controlado la prueba y verificado la existencia de antecedentes penales”. “La decisión no fue judicial, fue política. Fue deliberadamente funcional para que se sostengan todos los hechos ocurridos. Es una juez que no miró la Ley. No solo es negligente, sino deliberadamente funcional a la sedición y al delito del atentado al orden constitucional”, apuntó a LA NACION el director de legales del ministerio de Bullrich, el abogado Fernando Soto.

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Por su parte, la magistrada fundamentó su decisión en la falta de información aportada por las autoridades sobre los motivos de arrestos y el derecho constitucional a la protesta.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, argumentó la jueza en la resolución. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, apuntó.
“A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, agregó luego.
Horas después, Andrade sumó otra razón que no incluyó en el fallo emitido en la madrugada. “Algo que no puse en la resolución, porque la escribí a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana la firmé, más allá de que lo decidí a las 12 [de la noche], que los jueces de la Ciudad lo sabemos muy bien, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. ¿Dónde iban a quedar alojadas esas personas? Eso tampoco estaba siendo informado. Son datos básicos que como jueza a cargo del control de la detención tengo que tener de forma inmediata”, señaló este sábado en diálogo con Radio 10.
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