Ante el polémico video Aldo Rico, quien llama a los militares a levantarse contra las autoridades democráticas por la crisis política y económica, el Gobierno denunció penalmente al ex carapintada y pidió investigarlo.
Tras la viralización de este mensaje, la Secretaría de Derechos Humanos presentó una denuncia contra Rico por el delito “de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas”, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal.
“Cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla perecer”, dice Rico en una parte del video, en donde se lo ve sentado al lado de la imagen de la Virgen de Luján. Y continúa: “Les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, se reúnan, que se organicen y que establezcamos un adecuado canal de enlace”.
Por estas manifestaciones, la Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Justicia que se considere que el ex teniente coronel del Ejército “tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares contra el orden constitucional y democrático, como lo fueron los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988″.
Cabe recordar que Rico fue militar, integrante del movimiento carapintada que desestabilizó al gobierno de Raúl Alfonsín en 1987 y también incursionó en la política, llegando a ser intendente de San Miguel (Buenos Aires).
El secretario del área, Horacio Pietragalla Corti, quien radicó la denuncia penal, manifestó que la presentación pretende garantizar “la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el “Nunca más” y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia”.
“A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados”, manifestó la cartera del Gobierno en un comunicado. “La justicia y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática de nuestro país”, añadió.
El artículo 226 bis del Código Penal, que tipifica el delito por el que se acusa a Rico, prevé entre uno y cuatro años de prisión para el que “amenazare pública e idóneamente” con un alzamiento “en armas para cambiar la Constitución”, con “deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, o el bloque aunque, sea temporario, del “libre ejercicio de sus facultades”.
