Las amenazas dirigidas al gobernador Osvaldo Jaldo y a cuatro funcionarios judiciales desencadenaron una reacción inmediata en Tucumán. Mientras la Provincia presentó una denuncia formal ante la Justicia, la Policía desplegó un megaoperativo en todo el territorio, que resultó en la detención de más de 450 personas en menos de 48 horas.
El lunes, la periodista Mariana Romero entregó al Ministerio Público un audio en el que una de las mujeres de Miguel “Miguelón” Figueroa, condenado por homicidios y vinculado al narcotráfico, transmitía un mensaje intimidatorio contra el gobernador, el juez de Ejecución Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
En respuesta, Jaldo anunció públicamente el martes que el gobierno provincial accionaría contra los responsables. “Vamos a garantizar la paz social de los tucumanos. No vamos a parar hasta detenerlos a todos y entregarlos a la Justicia”, aseguró.
Siguiendo instrucciones del gobernador, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, evaluó la estrategia judicial a seguir, ya que el mensaje en cuestión no fue enviado directamente a las víctimas, sino que fue grabado y difundido por terceros.
A las 14.25 de ese mismo día, la Provincia presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, imputando a Figueroa y a otros posibles involucrados por “amenazas u otros delitos que pudieran surgir en la presente investigación”.
El penalista José María Molina, en representación de la Fiscalía de Estado, expuso en la denuncia que el mensaje tenía una clara intención de amedrentar a las autoridades y sus familias. “Dada la gravedad de la amenaza, solicitamos se arbitren todos los medios para investigar su autoría y garantizar la seguridad de las víctimas y sus allegados”, argumentó. Además, sostuvo que el delito de amenazas se configura al infundir temor mediante el anuncio de un daño grave, real y posible.
En paralelo, la Policía intensificó los controles y realizó operativos masivos en toda la provincia entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Según el informe oficial, 373 personas fueron demoradas y se incautaron 176 vehículos, 168 motocicletas, seis envoltorios de marihuana y tres proyectiles de armas de fuego. La mayoría de los detenidos fueron liberados tras ser identificados y comprobarse que no tenían antecedentes penales.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, defendió el accionar de la fuerza y destacó que los operativos permitieron recolectar información relevante para la investigación, la cual será remitida a la Fiscalía de Estado.
A su vez, el jefe de Policía, Joaquín Girveau, confirmó que estos operativos continuarán en los próximos días. “Dijimos que la Policía iba a demostrar que tiene el control de las calles, y así será”, afirmó.
