En un nuevo paso hacia la liberalización del mercado aeronáutico, el Gobierno derogó una norma vigente desde 2013 que obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas
La resolución sale en medio del conflicto todavía no resuelto con los gremios aeronáuticos.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la decisión administrativa 1017/2024, refleja un cambio significativo en las políticas de contratación del Estado argentino, alineándose con iniciativas recientes destinadas a fomentar la competencia en el sector y eliminar privilegios legales para empresas estatales.
Desde la promulgación del decreto 1191/2012, los organismos públicos estaban obligados a contratar vuelos exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas o su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales. Este esquema buscaba beneficiar a empresas en las que el Estado era accionista. Sin embargo, el nuevo decreto 747/2024 anula esa normativa, en sintonía con el decreto 70/2023, que prohíbe otorgar ventajas legales a compañías estatales.
