El 5 del mes pasado, y ante un auditorio de economistas y empresarios, reunidos en el marco del Latam Forum, en Parque Norte, el presidente Javier Milei reconoció que sabía que su plan económico “iba a generar tensión social y una contracción de la actividad”. Insistió, enfático, en la reducción de la planta estatal, y luego de emprenderla contra los “degenerados fiscales”, aseguró: “Vamos a terminar echando a 75.000 personas, por ahora vamos por 25.000″.
Todavía lejos de esa cifra final, y aún consciente de la conflictividad que generan esas medidas, el gobierno libertario avanza por estos días y a paso firme con la reducción de la planta estatal, centrada en agentes “que no le agregaban valor a su trabajo” en ministerios, empresas con participación estatal y organismos descentralizados. Esta reciente y “tercera ola”, puesta en marcha durante el fin de semana pasado, se dieron de baja unos 5000 contratos, según coincidieron fuentes gubernamentales y dirigentes del gremio estatal ATE. Desde ATE preparan una olla popular y un paro sectorial para este jueves en rechazo a los recortes. No se sumará UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional.
El lunes, el portavoz Manuel Adorni informó que habían sido despedidos 685 empleados, que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad y que se sumaron a los 240 empleos “eliminados” [SIC]. “Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, definió el portavoz. Ya la semana pasada, Adorni había anticipado: “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes también será por un tiempo determinado y se seguirá evaluando cada uno de los casos. Lo estamos haciendo de una manera absolutamente quirúrgica”.
Se trata, por cierto, de solo una parte de los despedidos en las últimas horas, la mayoría de ellos contratos transitorios que había sido renovados por tres meses, a fines de marzo. Solo en los organismos con sede en la ciudad de Buenos Aires, desde ATE contabilizan unos 1200 despidos, incluidos 400 del ex Ministerio de Desarrollo Social; 50 de Parques Nacionales; 40 del Incaa; 70 en la Secretaría de Derechos Humanos, y el anuncio de 280 cesantías de monotributistas en el Instituto Nacional de Teconología Industrial (INTI), aún no concretadas.
“Van a seguir llegando notificaciones, porque Milei habló de muchos más despidos”, afirmó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien se permitió preguntarse, irónico, si “el Gobierno está contabilizando como despedidos la gran cantidad de funcionarios que se fueron desde que llegaron al poder”.
Informe
Desde la jefatura de gabinete que encabeza Guillermo Francos evitaron dar un número preciso de cesantías. Sí informaron que “en dos semanas” tendrán en sus manos “el informe completo de los contratos que no fueron renovados” en todas y cada una de las dependencias del Estado. En la Casa Rosada contabilizan, de modo informal, unos 18.000 cesanteados desde diciembre hasta junio (los estatales suman 20.000), a los que se sumarían estos 5000, actualmente notificados o en proceso en distintas provincias.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE nacional, consignó que desde el viernes uno 2330 empleados se enteraron de que estaban despedidos. “Un gran número de los despedidos es del Interior, el objetivo es retirar la presencia del Estado en las provincias, muchos tuvieron una guillotina sobre sus cabezas estos tres meses mientras ellos suman empleados amigos a distintas dependencias”, afirmó Aguiar a LA NACION. Confirmó que hoy por la tarde habrá un plenario nacional de ATE en el que se definirán las medidas de fuerza para mañana. En principio, incluirá una olla popular en Plaza de Mayo y el llamado a un paro nacional.
En abril, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario de la administración pública, se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 para exigir el cese de despidos de la gestión mileista.
