Cuando se creía haberlo visto de parte del peor gobierno de la historia, se conoció que el Gobierno invertirá $1000 millones para mejorarles la conexión de Internet en las cárceles a los presos. Entre los motivos de la insólita medida, se encuentran mejorar la conexión para videollamadas, plataformas educativas, repositorios de contenidos audiovisuales, pero eso no es todo.
De acuerdo a lo que se desprende de la medida oficial, se busca también “favorecer los procesos de conectividad digital de los internos, conforme el desarrollo de sus actividades” y “reducir la brecha digital, posibilitando el acceso equitativo y de calidad a Internet”. El Programa será financiado con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal que tiene aportes obligatorios de las empresas de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, como Movistar, Claro, Personal.
El Servicio Penitenciario Federal está compuesto por ocho complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias. Hay cerca de 11.000 personas privadas de la libertad en estas instituciones. La inversión del programa de conectividad será de $90.000 por preso, aproximadamente. El Fondo Fiduciario que desembolsará el presupuesto para el proyecto recibe aportes de las licenciatarias de servicios TIC.
Los mismos son equivalentes al 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de servicios, netos de los impuestos y tasas que los graven. La ley que lo regula (27.078) establece que este aporte no puede ser trasladado a los usuarios, “bajo ningún concepto”. Pero es por ello que cabe preguntarse entonces: ¿Quién se ocupa de que esto se lleve a cabo y que no es la sociedad la que termina pagándolo?
Como si esta estupidez no fuera suficiente, el Programa, que durará dos años, todavía no cuenta con proyectos concretos. Estos se determinarán a través de programas que deberán estar destinados a proveer adecuada conectividad y/o provisión y actualización de equipamiento y/o plantel de conectividad dentro los establecimientos. Es decir, una medida que hace agua por todos lados.
“Observar cierto atraso tecnológico, amén de las adecuaciones en el plano de la seguridad, en cuanto al acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad, así como también para mejorar el funcionamiento de las áreas administrativa, contable, de capacitación, transmisión y comunicación del personal penitenciario”, destacó como motivación la insólita Resolución oficial.
