El Gobierno eleva la tensión con el Congreso luego del anunciado veto de Javier Milei al proyecto de la reforma jubilatoria que se sancionó en el Senado el último jueves. El Presidente llamó “degenerados fiscales” a los diputados y senadores, en busca de polarizar con la oposición dialoguista. También los calificó como “una manga de mentirosos demagogos” y los responsabilizó de querer “romper el programa económico”, al complicar sus objetivos vinculados al déficit cero.
“No estamos trabajando en acuerdos para frenar la negativa al veto. Que lo rechacen si quieren”, expresó a TN un funcionario cercano al mandatario. La propuesta fue aprobada con más de dos tercios de los presentes en la Cámara Alta y con el apoyo de una amplia mayoría en Diputados.
El Ejecutivo apunta contra los legisladores aliados del PRO, la UCR y federales que votaron a favor de las modificaciones en jubilaciones. El oficialismo quiere mantener las alianzas, pero sin perder la posibilidad de imponer su agenda.
Es por eso que desde la Casa Rosada preparan un nuevo bono de $70.000 para los jubilados en septiembre. Aseguran además que vetarán todos los proyectos que “atenten contra el equilibrio fiscal”. La Cámara Alta tratará en la próxima sesión el proyecto que impulsa el aumento del presupuesto universitario, al que el Gobierno se opone.
El Gobierno busca confrontar con el Congreso, que necesita dos tercios de adhesiones en ambas cámaras para rechazar un veto presidencial. La oposición dialoguista rechazó además el DNU que amplió en $100.000 millones los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La estrategia del Gobierno
La Casa Rosada mantiene la postura de que “nunca hubo posibilidad de promulgar esa ley” y asegura que no entró en negociaciones para desarticular una mayoría opositora en ambas cámaras. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, no inició conversaciones en ese sentido.
El Ejecutivo preparó cambios para la reforma jubilatoria, pero no logró imponer un acuerdo previo a la votación. El texto lo trabajó el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Se trata de los artículos 2, 4 y 10 del proyecto sancionado.
En Balcarce 50 presentaron objeciones hacia el aumento adicional al sistema previsional representado en el anual del 50% de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Intentó modificar también el artículo 4, que propone la garantía de un haber previsional mínimo que no sea inferior al último valor de la canasta básica por adulto que fija el INDEC multiplicado por 1,09.
El Gobierno se opuso también al punto 10 del proyecto, que dispone la cancelación de deudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con las provincias a través de recursos tributarios con asignación específica a la seguridad social.
La Casa Rosada no se pronunció en contra de todos los artículos y hasta llegó a analizar realizar un veto parcial. Más de un funcionario habló a favor del aumento del 8,1% de las jubilaciones y de la indexación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Se priorizó el mensaje político con el veto completo”, explicó a TN un colaborador de Nación.
La mesa chica de Balcarce 50 pone la mira en la interna de los bloques propios del Congreso. Apunta a desarticular el ruido interno y a resolver de forma ordenada la salida de la diputada Lourdes Arrieta y del senador Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza.
