El Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para recopilar información sobre la criptomoneda $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en el marco del escándalo desatado luego de que el presidente Javier Milei promocionara el activo en su cuenta de X, que terminó con pérdidas millonarias para quienes siguieron su consejo e invirtieron allí su dinero.
La medida se implementó a través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del propio Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que la información recopilada “ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal”.
La baja se da en el contexto del desplante de Cúneo Libarona a la Cámara de Diputados, que lo había convocado a presentarse el pasado miércoles para para rendir cuentas por el criptoescándalo, tras haberse ausentado dos semanas atrás. El ministro volvió a faltar, al igual que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Su creación respondió al Decreto 114/2025 del 20 de febrero, en el que Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que inicie “las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción” en el escándalo.
La unidad, a cargo de María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio, tenía la capacidad de “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, y solicitar información, datos y documentación a organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Estados extranjeros y/u organismos internacionales”.
“La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA'”, establecía la norma de su creación.
Además, tenía la obligación de informar de manera permanente al Ministerio de Justicia sobre las denuncias que pudieran formularse en contra de los sospechosos de haber cometidos ilícitos en el marco del proyecto cripto.
Pese al cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúa si existieron delitos económicos o conflictos de interés vinculados a funcionarios del entorno presidencial.
Por ahora, no se publicaron informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se conoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA a ni si existieron vínculos directos con funcionarios del actual gobierno.
En qué etapa se encuentra la causa $LIBRA
La causa investiga la participación del presidente Javier Milei en una presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, la cual promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero pasado, justo antes de que el valor se desplomara mediante una maniobra de rug pull y decenas de inversores perdieran sus fondos.
Algunos de los hechos mencionados en la causa habrían sucedido tiempo antes del posteo de Milei en el que promocionó la criptomoneda. El expediente señala fechas concretas durante los años 2024 y 2025, como reuniones y eventos con empresarios cripto en la Ciudad de Buenos Aires, incluida la Casa Rosada.
La Cámara Federal de San Martín resolvió en abril que la causa quede en manos de la jueza federal María Servini. Este miércoles, la magistrada pidió información financiera sobre las operaciones de los hermanos Milei, en particular sobre las entidades financieras con las que tuvo vinculación el jefe de Estado.
La medida también alcanza a los tres empresarios cripto amigos del presidente: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales,
Milei y su hermana Karina no se presentaron el pasado jueves a una mediación como antesala de lo que será una demanda civil millonaria por los daños y perjuicios que sufrieron los damnificados por la presunta estafa por la cripto $LIBRA. No se presentaron ni enviaron abogados.
La citación había sido cursada por el abogado Nicolás Oszust, que representa a unos 25 damnificados, argentinos y del exterior, y es por un daño directo estimado en 4,5 millones de dólares. Se trata de una audiencia prejudicial, una mediación obligatoria que se realiza antes de la interposición de una demanda civil por daños y perjuicios.
La audiencia había sido fijada para este jueves por Zoom ante un mediador oficial. Pero el presidente no envió representante legal, según se pudo saber.
La citación fue cursada a Milei y su hermana Karina, así como también al vocero, Manuel Adorni, y a los imputados en la causa penal Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados como los responsables de vincular al Gobierno con Hayden Davis y Julian Peh, los desarrolladores detrás de $LIBRA.
