El gobierno de Alberto Fernández mostrará hoy sus cartas y dará una primera señal clara de cómo se va a posicionar frente a los procesos por corrupción contra el kirchnerismo que avanzaron durante la gestión de Mauricio Macri.
A partir de las 9, en los tribunales de Comodoro Py, está previsto que la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos del Poder Ejecutivo que tienen nuevas autoridades, aleguen como querellantes en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Deberán decir en la audiencia, que es oral y pública, qué pena piden para el empresario kirchnerista y los demás acusados.
La jornada comenzará con el alegato de la AFIP. Ese alegato empezó el 5 de febrero, con una fuerte exposición del abogado de la AFIP Luis González Ávalos, que adelantó que pediría penas para los 25 acusados. Ávalos relacionó a Lázaro Báez con Néstor Kirchner y se refirió, en varias oportunidades, a las presuntas irregularidades para la asignación de contratos de obras públicas a las empresas de Báez -hechos que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”- como el delito precedente. La AFIP hizo hincapié en la relación de Báez con Kirchner y en la incursión de Báez en el mundo de la construcción.
La exposición generó tensiones internas en el organismo que, a pesar del cambio de gobierno, querella en este y otros casos de corrupción. “Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo”, expuso Ávalos.
Esa audiencia sufrió interrupciones por problemas edilicios en los tribunales de Comodoro Py y el pedido de penas quedó pendiente. La audiencia en la que se iba a conocer el pedido de penas de la AFIP estaba prevista para la semana pasada, pero fue suspendida, según los motivos esgrimidos por el TOF 4, por razones de salud de una de las juezas.
Cómo seguirá el juicio
Hoy el juicio se reanudará, y si concluye el alegato de la AFIP, después le tocará exponer a la UIF, que durante el gobierno macrista señaló a la corrupción como una de las grandes causales del lavado de dinero.
Desde el gobierno de Alberto Fernández se sostuvo que durante el macrismo los organismos de control se utilizaron para perseguir a opositores. La UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA), querellantes en este caso, fueron los principales organismos señalados.
El nuevo titular de la UIF, el abogado penalista Carlos Cruz, llegó al organismo antilavado con un discurso diferente, y advirtió que su gestión no pondrá la lupa sobre la corrupción como delito precedente al lavado de activos, si no a los delitos de evasión de las personas jurídicas y al narcotráfico.
El director de asuntos jurídicos de la UIF durante la gestión de Mariano Federici dejó el organismo, pero los abogados de la querella en este juicio, según supo LA NACION, se mantienen. Durante la gestión anterior, la UIF insistió en investigar los supuestos vínculos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Pidió con insistencia que la expresidenta fuera citada a indagatoria en este caso. Finalmente, por orden de la Cámara Federal, el juez federal Sebastián Casanello la indagó, pero el juicio oral que se está haciendo no la incluye a ella ni a ningún funcionario de primera línea de su gobierno.
Hace más de un año
Este juicio comenzó hace un año y medio. Las querellas, a través de las preguntas a los acusados, a los testigos, y mediante sus requerimientos de elevación a juicio, dibujaron una línea clara: tanto la AFIP, como la UIF y la OA, acusaron a Báez por lavado de dinero refiriéndose al delito precedente. En esa línea se mantuvo la primera parte del alegato de la AFIP.
Según reconstruyó LA NACION, la vehemencia y el contenido de la exposición en el juicio contra Báez provocaron discusiones internas en el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, e incluso Ávalos habría pedido a sus superiores, después de su exposición, que le avisaran si se consideraba modificar el pedido de penas.
Ayer por la mañana, en declaraciones a Radio Con Vos, Marco del Pont dijo que la AFIP sostendrá el reclamo en la causa contra el empresario Cristóbal López por la deuda correspondiente al impuesto al combustible. “Estamos siguiendo con todos los procesos judiciales que vienen de atrás”, dijo.
La UIF y la OA son además querellantes en la causa de los cuadernos, donde están procesada Cristina Kirchner y varios de sus exfuncionarios. La AFIP también querella en el juicio de Oil Combustibles, la causa donde están involucrados Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
