En los próximos días, el ministro de Salud Mario Russo le planteará a Javier Milei la necesidad de que el oficialismo empuje una ley nacional para que los extranjeros no residentes deban pagar su atención en los hospitales. La decisión busca enfatizar un supuesto cambio de paradigma en una de las áreas más sensibles de la administración pública.
La discusión vuelve a colarse en la agenda después de que varias provincias –como Santa Cruz y Salta– anunciaran de manera unilateral que ya no atenderían de manera gratuita, aunque con diferentes matices, a extranjeros.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz, que por momentos se mueve como un libertario entusiasta, fue el primero en anunciar que impulsaría un proyecto similar en el Congreso. El oficialismo quiere liderar esa discusión.
Los referentes en materia de salud del Presidente y de Cristina Kirchner (y del resto del arco político) tienen el mismo diagnóstico sobre el sistema de salud: está quebrado y necesita optimizar sus recursos.
El Gobierno plantea -en la línea con su posicionamiento económico- más gestión privada y desregulaciones. La premisa es la misma que para otros ámbitos. “No hay plata”, reiteran en el viejo edificio de Obras Públicas en la 9 de Julio.
En los croquis de la Ley Hojarasca que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hay una decena de normas de salud de hace décadas que el Gobierno quiere derogar; desde la ley de Salud Mental a la Ley de Salud sexual. Como el carnet de mochilero que cita el ex titular del Banco Central, para el Ejecutivo son apenas ejemplos de legislación vetusta.
Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, junto con Mario Russo, ministro de Salud.
Más ruidosa podría ser la autorización para implementar un código alimentario que facilite la importación de alimentos, un ítem más complicado que la compra de medicamentos extranjeros.
Los organismos que dependen del ministerio de Salud se salvarían de la gigantesca poda que impulsan en el Gobierno. La continuidad del Incucai y otros institutos médicos nacionales no podrán ser eliminados a través de las facultades extraordinarias en materia administrativa con las que el Congreso dotó al Presidente. Aunque sí pueden ser reformados y refuncionalizados, en el Gobierno aseguran que no son un objetivo específico. De todos modos, en el oficialismo no descartan la posibilidad de traspasar hospitales nacionales a la órbita de las provincias.
En el equipo de Russo -con pasado en el gobierno de María Eugenia Vidal y el gabinete del ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre, un dirigente que divide aguas dentro del Gobierno- pretenden que el ministerio asuma una función rectora y que funcione como una suerte Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), como el de Estados Unidos, para regular guías específicas los procedimientos de atención médica y cobertura.
En el Ejecutivo quieren limitar los medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos que se autorizan por la vía judicial y los gastos asociados a servicios por discapacidad, como transporte y educación integradora que termina en las cuentas de Salud.
En el Gobierno sugieren que se esconden detrás de esas órdenes el interés de los laboratorios, porque el promedio de sobrevida de los pacientes para los medicamentos más caros es de 3 meses. Destacan que la mayoría son paliativos. “Tenemos que decidir si vamos a comprar esa medicación o 45 millones de vacunas“, dicen.
Respecto a los argumentos para revisar y reordenar los gastos de discapacidad señañan que el 80% de los $ 84.900 millones del Fondo de redistribución para obras sociales se los lleva esa área
Al mismo tiempo, piensan en avanzar en la creación de una Agencia de Evaluación, que hoy solo existe como una comisión cuyas resoluciones no son vinculantes.
En el Ejecutivo defienden el alcance del programa Remediar -que distribuye medicamentos- pero advierten que el Gobierno tampoco tiene información sobre su trazabilidad. “No sabemos quién los toma”, argumentan.
Por eso, la dirección de Tecnología del ministerio avanza en un sistema de Información para sistematizar y centralizar los datos de los pacientes.
Anotan que la misma deficiencia se siente en los registros de vacunas, porque los agentes públicos y privados no cargan toda la información en el omnivac. Reconocen que después de la pandemia los índices de vacunación bajaron, aunque no hay estimaciones concluyentes.
En los primeros meses de gestión, el Gobierno repartió equipos que habían sido adquiridos por la gestión anterior. El ministro de Salud, que escucha los consejos del influyente asesor de jefatura de Gabinete, Mario Lugones, pretende que los servicios públicos provinciales y municipales de salud hagan uso del “recupero” y hagan las gestiones para cobrarles a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga por las intervenciones, internaciones y servicios que prestan a pacientes adheridos a esos centros de salud.
Después de eliminar un programa de becas por supuesto uso discrecional, que tenía un gasto de $1400 millones, en el equipo de Russo quieren evitar un brote de dengue como el de este año y empujan un plan integral que solo incluirá la vacunación focalizada. El resto, como quiere el Ejecutivo, correrá por suerte de las provincias. Alineado con la Rosada, el cordobés Martín Llaryora picó en punta y anunció la compra de 150 mil vacunas para prevenir una nueva epidemia.
