Arazón de un anuncio económico por semana, el Gobierno planea seguir desandando el camino a las elecciones de medio término, en el que la idea de “poner plata en los bolsillos de los argentinos”, es repetida casi como un mantra en los despachos del Ejecutivo. Cambios impositivos, inyección de dinero a través de prestaciones sociales, anuncios de planes y préstamos, son parte de las propuestas con las que el oficialismo baja dinero desde las arcas del Estado.
Ese esquema, que busca paliar una crisis con más de 40% de pobreza y 10% de indigencia, contempla una ampliación presupuestaria de más de 654 mil millones de pesos en gastos corrientes y un costo fiscal de más de 64.500 millones por los cambios de Monotributo y Ganancias. A lo que se debe sumar los costos de los “Ahora” y los planes de trabajo, en pleno desarrollo en los que se inscriben los recientemente lanzados “Plan Te sumo” y “Portal de Empleo”, para activar el trabajo y la producción.
El principal destinatario de las medidas del gobierno es el sector de los más castigados por la crisis económica en general, pero también hay guiños a la clase media que sufrió el parate impuesto por la cuarentena de 2020.
En ese derrotero rumbo a las urnas, para los primeros incluye, sólo en el último tiempo, los anuncios de: bono a jubilados, refuerzos de la Tarjeta Alimentar, extensión del 15% de reintegro en las tarjetas de beneficiarios de pensiones, jubilaciones y de Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo (AUH y AUE), así como el bono extraordinario 6 mil pesos para beneficiarios del Potenciar Trabajo. En tanto que para los sectores medios están los recientemente anunciados planes de compras Ahora 12, 24 y 30, y previamente los cambios en el piso de Ganancias y Monotributo. Los monotributistas también serían destinatarios de un plan de crédito a tasa cero, que se anunciaría esta semana.
Para el universo de jubilaciones y pensiones, el gobierno destinó 175.285 millones de pesos. De ese monto sale el dinero con el que se incrementa el presupuesto de la Anses en 112.948 millones, para afrontar los mayores gastos derivados del impacto de la movilidad jubilatoria, y se prevé un refuerzo de 10.500 millones de pesos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), para atender el Subsidio Extraordinario de 5.000 pesos a liquidarse durante agosto, como así también para atender la ley de movilidad previsional.
También incrementos por 51.785 millones de pesos para afrontar las subas derivadas de la suba en los haberes de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Mientras que más de 160 mil millones fueron asignados para gastos de personal, el Ministerio de Desarrollo Social recibió una asignación de 93.500 millones, de los cuales la recarga de la tarjeta Alimentar insumió 60 mil millones de pesos y las liquidaciones de planes sociales de 33.500 millones. Se trata de dos de las claves para contener a los movimientos y organizaciones sociales, que pisan fuerte en el territorio donde se ven las situaciones más dramáticas.
La Anses recibió 62.635 millones de pesos para afrontar el bono extraordinario de 5.000 pesos a jubilados y pensionados de agosto, lo que implica 23.885 millones de pesos. A eso se suma el impacto de la movilidad jubilatoria en las Asignaciones Familiares, lo que asciende a los 21.100 millones de pesos y los refuerzos para transferencias a cajas previsionales provinciales.
La salud también tuvo su capítulo y para cumplir con la tercera cuota de asignación estímulo de 6500 pesos para personal afectado a la atención de la pandemia de Covid-19 se contemplaron 5396 millones de pesos, en tanto que la para atender las pautas salariales de distintos hospitales hubo 3716 millones de pesos. La ampliación del presupuesto también contempló transferencias para el sostenimiento del sistema eléctrico mayorista y para reforzar los gastos de funcionamiento de distintas carteras y organismos.
Por otro lado se inscriben los lanzamientos como el “Te Sumo”, orientado a generar trabajo en el segmento de 18 a 24 años, en el que el Estado beneficiada a las empresas que contratan con una reducción en aportes patronales y un apoyo económico que cubrirá el pago de hasta un 70% del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral. El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, siendo de 18.000 pesos en las micro, de 14.000 en las pequeñas y de 11.500 en las medianas.
También hay prerrogativas del Estado en el flamante “Portal de Empleos”, con el que se busca alentar el empleo con beneficios de hasta el 95% de reducciones patronales.
En el paquete de medidas también debe sumarse el costo fiscal de los cambios en el piso del impuesto a las Ganancias, modificado este año y calculado en unos 47.569 millones de pesos, de acuerdo a un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC). A lo que se suma también los cambios en monotributo, que suponen un esfuerzo fiscal para el Estado de alrededor de 17 mil millones de pesos. Sumando ambos, el impacto sube a más de 64 mil millones.
En el gobierno son conscientes que la situación general es “muy complicada”, pero creen que se están haciendo todos los esfuerzos para contener la situación y que a futuro se verán más resultados. También confían en algunas variables que en las últimas semanas mostraron índices de reactivación.
”Hay que mostrar la gestión”, resumen. Los anuncios sólo podrán hacerse en actos hasta el próximo 18, 25 días antes de las PASO, como se establece por norma. Hasta entonces apuntarán todos sus cañones en público. Después, confían, encontrarán otra manera de contarlo.
