Tras haber inundado el mercado en el último año y medio con títulos en pesos emitidos a muy corto plazo, la administración Fernández oficializó ayer la convocatoria para llevar adelante pasado mañana el decimoséptimo canje de deuda, una operación con la que buscará reducir fuertemente la factura de pagos por $10,5 billones (cifra equivalente a casi 8 puntos del PBI) que enfrentaba en el próximo cuatrimestre, para bajar el riesgo de enfrentar turbulencias de mercado en el arranque del período electoral, transfiriéndole esas obligaciones al Gobierno que asuma a fin de año.
La idea es que no haya tantos pesos ociosos en el mercado, algo para lo que esta operación puede ayudar pero sólo parcialmente en la medida en que el Gobierno siga dándole a la “maquinita” como hizo en mayo cuando le pidió préstamos por $440.000 millones al Banco Central (BCRA) pese a haber captado unos $502.000 millones frescos del mercado mediante nuevas colocaciones de deuda.
Tal como ya se había instalado en el mercado, por las gestiones que realizó y difundió ante bancos y compañías administradoras de Fondos Comunes de Inversión (FCI), la Secretaría de Finanzas -que encabeza Eduardo Setti- convocó anoche a los tenedores de siete instrumentos (X16J3, TDL23, X18L3, T2V3, S31L3, T2X3 y TDS23, según sus identificaciones de mercado) a canjearlos este jueves por cuatro nuevos instrumentos indexados por inflación o la variación que registre el tipo de cambio oficial y por vencer a partir de agosto de 2024, es decir, de 14 meses en adelante.
El cargado calendario que se quiere patear para adelante
Los instrumentos elegibles (mucho de ellos resultantes de pasados canjes) tienen un valor efectivo de $9,4 billones y equivalen al 89% de los vencimientos que enfrentaba el Gobierno hasta septiembre. Uno de los pocos que quedó exceptuado fue el bono Dual por vencer este fin de mes (TDJ23), lo que parece haber sido negociado por los inversores institucionales que tuvieron la semana pasada esos contactos con Finanzas para poder quedarse con un papel que les aporte liquidez de corto plazo, algo útil incluso para los organismos públicos que enfrentan fuertes obligaciones de pago por aguinaldos, por caso.
Las estimaciones de mercado descuentan que la operación cuenta con un punto de partida auspicioso dado que entre el 60 y 64% de las tenencias llamadas a conversión se encuentran hoy en manos de entes públicos (Anses, BCRA y Banco Nación).
“Los vencimientos ascienden a $1,1 billones en junio (5% en manos de entes públicos), $4,5 billones en julio (68%), $2,3 billones en agosto (61%) y $2,6 billones en septiembre (63%). Los mayores niveles de adhesión deberían estar en TDL23, TDS23 y T2X3. Estimamos que los bancos tienen el 9% de los vencimientos entre junio-septiembre, los FCI el 11% y los corporativos y otros tienen el 22% restante”, detallaron por caso en un informe especial los analistas de Facimex Valores.
Los nuevos títulos ofrecidos son un bono del Tesoro con capital ajustable por CER (Boncer) por vencer el 13 de diciembre de 2024 y tres nuevos títulos duales (que ajustan capital por IPC o devaluación del peso según la conveniencia del tenedor) por caducar el 30 de agosto y el 29 de noviembre de 2024, y el 31 de enero de 2025. Es decir, capaces de aumentar fuertemente el pasivo público, sino se evita un salto devaluatorio o no se aplaca la inercia inflacionaria actual.
“Siguiendo la estructura de las últimas veces, los títulos se tomarán a valor técnico y los nuevos instrumentos se licitarán por precio. Habrá un pliego por opción de cada título elegible. A simple vista, los bonos duales, en primer lugar, y luego el BONCER23, deberían presentar los niveles de adhesión más altos dado que estimamos la mayor tenencia pública en esos títulos. Por el contrario, en las dos Leceres y el BOLI3 (T2V3) la adhesión esperamos que sea significativamente más baja”, consideran los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).
