El Gobierno le dijo a la Corte Suprema de Justicia que disponga de su superávit presupuestario de 55.387 millones de pesos más un excedente de recursos propios de 24.000 milllones de pesos para pagar los aumentos de sueldo del Poder Judicial del 6,5 por ciento dispuesto desde julio pasado. Y le señaló que en caso de que esas partidas no le alcancen, puede pedir la ampliación del presupuesto.
El mensaje fue interpretado en el Poder Judicial como una “autorización” para la reasignación de las partidas por lo que se aprobaría mañana el pago de los incrementos salariales.
Esta respuesta surge de una nota enviada por Agustín Rossi, jefe de Gabinete a la Corte a las 16.55 de hoy. Más temprano, antes de mediodía, había circulado una nota de aspecto similar, con firma electrónica, y un numero de expediente diferente y con otro contenido. En el Gobierno aclararon a LA NACION que se trataba de una nota falsa que alguien puso a circular y en la Corte señalaron que esa nota falsa no era la que había llegado hasta los tribunales.
En definitiva, lo que señaló Rossi a la Corte, según la nota real proporcionada por fuentes oficiales, es que “respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial”.
Y aclara que “en caso de resultar insuficiente, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria incluyendo la fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica dispuesta por la Ley N° 23.853″.
La nota de Rossi habla de la “crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante”, y que en ese sentido se “ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”.
El Gobierno dijo en ese mensaje que “los recursos que refiere la Ley N° 23.853 de autarquía del Poder Judicial, tienen reflejo presupuestario en la Fuente de Financiamiento 13- Recursos con Afectación Específica, conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder (artículos 2º y 3º)”. Y que “la buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”.
Les recordó que los aumentos salariales del Poder judicial impactan en los fiscales y en los defensores oficiales y que en ese caso los incrementos son afrontados por fondos del Tesoro “lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional, afectada producto de la coyuntura económica generada por la sequía”
Dijo el Poder Ejecutivo que “ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios” y que asignó un crédito para gastos de personal de 10.000 millones de pesos. “
Y le indicó a la Corte que de su presupuesto tiene un superávit de 55.387 millones de pesos, pues sus recursos propios son de 426.095 millones de pesos y sus gastos de 370.708 millones de pesos. A todo esto se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de 24.000 millones de pesos aproximadamente, señaló Rossi.
Y por eso menciona que la Corte cuenta además con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por 187.922 millones de pesos, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos.
“De manera que, respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del PODER JUDICIAL”, finaliza el texto de la Jefatura de Gabinete.
Mauro Alfieri
La Corte había pedido ayer al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de fondos para pagar el aumento salarial del 6,5% que se estableció desde el 1 de julio. Los jueces del máximo tribunal plantearon que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
La respuesta de Rossi llega un día después de la que la Corte dispusiera el cese de las funciones de la jueza Ana María Figueroa de la Casación, cercana al kirchnerismo. La jueza había cumplido 75 años -edad límite establecida en la Constitución- y no contaba con un nuevo acuerdo del Senado.
