Contando con el respaldo de unos 80 policías para prevenir incidentes, inspectores del Estado se presentaron en el perilago del dique La Angostura para realizar un control apuntado al uso indebido de las tierras que forman parte la reserva provincial que lleva el mismo nombre, para lo cual visitaron cinco lugares, detectando en cuatro de ellos irregularidades que ya se están documentando.
Todo comenzó la semana pasada, en Casa de Gobierno al cabo de una nutrida reunión, impulsada por la cantidad de denuncias sobre supuestas usurpaciones y edificaciones de viviendas en terrenos fiscales.
Los funcionarios de la Fiscalía de Estado, Desarrollo Productivo, Interior y de las direcciones Provincial del Agua, Catastro y de Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo decidieron llevar adelante una inspección, manteniendo la iniciativa en secreto para sorprender a las personas que estaban apoderándose de las tierras de una de las reservas más delicadas de la provincia.
Inspectores de todas esas reparticiones, amparados por un fuerte operativo montado y dirigido por los comisarios Marco Goane y Juan Carrizo, cumplieron con el objetivo de relevar esas supuestas irregularidades, elaborando un informe técnico que será entregado al gobernador Osvaldo Jaldo y repartido entre los diferentes ministerios para definir los pasos a seguir.
“Era hora que alguien hiciera algo. La costa de El Mollar es cualquier cosa. Cada vez es más difícil llegar por todos las construcciones que hay. Hay casas por cualquier lado”, afirmó Juan Carlos Herrera, un monterizo que desde su infancia veranea en esa villa turística. “Todo el mundo sabe que hay una persona que opera un servicio de pesca. Me parece maravilloso que lo haga, pero lo tiene en terrenos fiscales”, agregó.
“Preocupados por la preservación de la Reserva, dada la incidencia negativa de la ocupación desmedida de las tierras, sin ninguna previsión, planificación ni estudio de factibilidad, los agentes estatales y funcionarios, recorrieron kilómetros del territorio a los fines de indagar sobre las condiciones en que se encuentra este tan preciado recurso natural que tiene Tucumán”, detallaron los responsables del operativo del revelamiento, en un informe de acceso público.
En el acceso al valle, en la zona de la rotonda, visitaron un negocio de venta de artesanías que también tiene un bar., identificando al propietario, a quien emplazaron para que presente toda la documentación que justifique la ocupación en el lugar, ya que según confiaron, le habrían anticipado que si no contaba con ningún permiso, por lo que sería desalojado.
“El recorrido fue preocupante. Se encontraron al menos tres grandes espacios cerrados, loteados en vía de ejecución de varias construcciones de casas unas al lado de otras, frente al embalse. En uno de ellos, informaron que se prevé 62 viviendas en lotes que ya fueron vendidos”, advirtieron los inspectores.
Según se pudo determinar, los vecinos revelaron quién fue la persona que les vendió los terrenos, aunque en el escrito no fue identificado, pese a que algunos probaron la compra con el certificado de posesión que le dio el vendedor y otros adujeron que tenían permiso para cultivo o pastoreo.
Este es el lado más polémico, ya que según explicó un agente inmobiliario, una persona puede pedir ante las autoridades de Flora y Fauna un espacio para que sus animales puedan pastar, casos que son analizados y se autorizan si se determina que su instalación no generará algún daño al medio ambiente.
Los pequeños productores, para proteger sus animales, instalan alambrados provisorios, aunque de acuerdo a la investigación, muchos se valen de ese permiso provisorio para gestionar títulos de tenencia con los que después fraccionan y venden los terrenos.
“Pocos o casi ninguno de los compradores sabían que se trataba de un Área Natural Protegida de la Provincia y que su uso no era compatible con ese tipo de construcciones”, se puede leer en el informe elaborado por el equipo. “Cabe destacar que los barrios en vías de ejecución contaban con medidores de luz en cada lote, situación que llamó la atención”, clara el informe.
Los inspectores del Estado se toparon con otra sorpresa en la zona conocida como Ojo de Agua, donde según el informe, se dieron con algunos terrenos cercados y dos casas en construcción, mientras que en la desembocadura del río Tafí observaron una zona totalmente intervenida para la extracción de áridos, donde operaban al menos cinco ripieras, aunque sólo una estaba autorizada para efectuar esa tarea.
