La versión final de la nueva Ley de Bases y el capítulo fiscal se terminan de definir por estas horas entre la más altas terminales de la administración libertaria. En el Palacio de Hacienda, a cargo de Luis Caputo, se pulen los números de uno de los aspectos más sensibles: el del Impuesto a las Ganancias. La restitución de la cuarta categoría cuyo monto aún no está totalmente definido podría ubicar el nuevo piso para pagar el gravamen entre $1.500.000 y $2.000.000, según dejaron trascender a LA NACION desde las filas oficialistas. Los gobernadores que hablaron con la Casa Rosada, parte de los cuales se reunieron, tuvieron acceso a una precisión mayor: estaría entre $1.600.000 y $1.800.000.
En ambos casos se trata de una diferencia sustancial con la primera opción que se barajó en el Gobierno, a comienzos de año, y que estaba en 1,2 millones de pesos. Algo que quedó definitivamente descartado este viernes por la noche por el propio titular de la cartera de Economía. “Tiene que tener un piso razonable. No va a ser de $1.200.000”, aseguró Caputo. Actualmente, el piso mínimo de Ganancias abarca a 2.300.000 de personas.
En el texto del capítulo fiscal que incluye Ganancias quedará completamente salvado el vacío legal que inicialmente abrió dudas sobre la posibilidad de que quienes vuelvan a tributar tuvieran que pagar el retroactivo por el último trimestre del año pasado. “Se cierra el círculo y nadie pagará retroactivamente”, afirmaron parte de las fuentes consultadas. “En el texto se subsana el error de (Sergio) Massa. Queda saldado”, ampliaron. Había sido el ministro Guillermo Francos, quien había agitado esa posibilidad.
Aunque al no estar definido el mínimo no imponible no se puede conocer con exactitud el número de personas que deberían volver a pagar, las estimaciones de los tributaristas apuntan a que estaría alrededor o ligeramente debajo de los 800.000 contribuyentes que dejaron de tributarlo con la decisión electoralista de Sergio Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato presidencial.
Al escenario de cálculo del universo alcanzado por la medida se suma de momento la histórica falta de estadísticas de cuántas personas pagan Ganancias en cada período. Y la estimación también se dificulta por elementos como las deducciones y el estado civil de las personas que pueden hacer que eventualmente, pese a sus salarios, no terminen pagando el impuesto.
“Se está terminando de pulir. Es una discusión entre los gobernadores del norte y los del sur. Hay que encontrar el equilibrio”, dijo una altísima fuente de Gobierno a este diario sobre el piso que se definirá en las próximas horas. “Es para resolver un problema de la provincias”, completó y resaltó que aún quedaban pendientes charlas con algunos de los mandatarios provinciales, aunque en términos de reuniones la del jueves habría sido la última.
En la sede del Gobierno detallaban en las últimas horas que Ganancias, que en adelante se llamará “impuesto a los ingresos personales”, “tendrá menos incidencia de los que se suponía” y destacaban que “la clave es la progresividad” con escalas que irían del 5 al 35% según los ingresos. “No tendrá un impacto fuerte en el sueldo. En algunos casos será de alrededor de $20.000”, detallaban.
Dentro del capítulo fiscal también estará el blanqueo, uno de los puntos sobre los que aún no abundan detalles. De hecho ni siquiera los tienen los gobernadores de Juntos por el Cambio que este jueves estuvieron reunidos con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada. El tema genera muchas expectativas respecto de sus alcances.
El capítulo también incluirá modificaciones de excepciones del sistema tributario y cambios en impuestos a los Bienes Personales, donde, según explican fuentes con acceso al tema, “sube la escala y cambia la fórmula”. Otros impuestos internos, como el que se aplica al tabaco, también registrarán cambios.
El proyecto de la Ley de Bases y el capítulo fiscal llegarían juntos al Congreso. Sobre la ley de Bases se toma lo que se mandó inicialmente y sobre eso se hará un nuevo dictamen y se escribirán los nuevos artículos que no estaban en aquella primera versión, detallaron las fuentes consultadas. Irá junto al capítulo fiscal, pero con una diferenciación porque este último no llegó a tener trámite parlamentario como sí sucedió con la primera. “Irán a la par, pero son dos leyes distintas”, describen.
En la Ley de Bases, que tendrá entre 10 y 12 capítulos o títulos, estarán incluidos: reforma del Estado, facultades delegadas y empresas a privatizar. Todo lo vinculado con los regímenes carburíferos, mineros, lo referente al sector energético, y el régimen de grandes inversiones. Todo apuntando al desarrollo económico vía desregulación y regímenes de promoción.
En los planes también está incluir el capítulo de la reforma laboral que inicialmente estaba incorporado en el DNU 70/2023 que quedó frenado por la justicia, tras una serie de amparos. La inclusión fue pedida principalmente por la oposición dialoguista a varios de cuyos principales referentes recibió el gobierno en la sede de Interior a lo largo de las últimas semanas. Todo indica que puede que esté adentro, pero en Balcarce 50 aclaran que todavía no está incluida. La enviará la oposición en las próximas horas y desde el gobierno son claros al señalar que “si lo que mandan está alineado, no va a haber ningún problema en introducirla tal cual”. La idea es que lo que se incluye tenga posibilidades de pasar el filtro legislativo. Para eso podrían introducirse modificaciones sustanciales como dejar afuera la eliminación de los aportes sindicales obligatorios y la prohibición de protesta. El texto mantendría sí aspectos de la versión del DNU como reemplazo del sistema de indemnizaciones por un fondo de cese laboral, la prolongación del período de prueba y la reducción de multas por no registración.
Los borradores de Ley de Bases y Capítulo fiscal serán enviados a gobernadores y jefes de bloques apenas estén terminados con la idea de cerrar todo y cumplir con los tiempos propuestos desde hace semanas por Balcarce 50: que el 17 entren en comisión, el 24 se traten en el recinto de la Cámara Baja y para mayo ya estén en el Senado.
