El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa mantener sin aumentos las tarifas de luz y gas durante todo el invierno, periodo en el que el consumo energético se incrementa, las facturas son más altas y los subsidios también. El objetivo es apoyar la desaceleración de la inflación y evitar mayores impactos en los bolsillos de los usuarios, ya que el Gobierno considera que tiene un mayor margen fiscal para hacerlo.
Esta posibilidad fue confirmada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. “Aún no hemos tomado ninguna decisión, pero es posible. Cuando tienes superávit fiscal puedes dosificar cómo debe recaer el peso del ajuste en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello, por decirlo de alguna manera”, explicó el funcionario.
Siguiendo estos principios, Caputo decidió en mayo posponer los incrementos mensuales en los servicios de electricidad y gas natural por redes que la Secretaría de Energía había establecido para mantener las tarifas de transportistas y distribuidoras en términos reales. Además, para este mes se postergó el incremento del boleto de colectivo y la subida en el impuesto a los combustibles, que impacta directamente en los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio.
La inflación de abril mostró una desaceleración al 8,8% tras el 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre después de la devaluación. Sin embargo, el mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro servicios públicos, que saltó un 35,6%, acumulando un 110,5% en lo que va de 2024 y un 311,6% en los últimos 12 meses. La intención oficial es que el IPC general de mayo vuelva a mostrar una disminución.
Un informe de Fundación Capital detalló que los aumentos promedio de tarifas residenciales en luz (146%), gas (427%), agua (209%) y colectivos (410%) en el primer cuatrimestre se dieron en un periodo en el que la inflación fue del 112% y los salarios crecieron solo un 96%. Esto implicó que el peso de los servicios públicos en los ingresos de las familias se duplicara a niveles que no se veían desde 2019 tras el ajuste durante el Gobierno de Mauricio Macri.
“El peso del gasto en servicios públicos en el AMBA (promedio ponderado) sobre el ingreso promedio de los asalariados registrados (Ripte) se ha más que duplicado en los últimos cinco meses, pasando de un 4,6% en diciembre a un 10,8% en la actualidad. Cabe mencionar que, si bien el peso de estos servicios se incrementó de forma generalizada, en los hogares de menor poder adquisitivo el impacto fue superior”, comentaron desde la consultora de Martín Redrado.
Sin embargo, aún dos de cada tres usuarios residenciales no pagan ni el 10% del costo total de la electricidad. En el caso del gas, los porcentajes rondan entre el 20% y el 30%. Los subsidios del Estado se concentran principalmente en la generación.
La desaceleración sostenida en el ritmo de evolución del índice de precios minoristas del Indec es un activo que el Gobierno quiere mantener. Esta “prioridad” implica poner en pausa la hoja de ruta del ajuste fiscal tal como estaba prevista.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aspiraba a resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de una Canasta Básica Energética (CBE). Primero se iba a aplicar en abril, luego se pospuso a mayo, luego a junio y por ahora no es seguro que se aplique. Incluso se está considerando un esquema diferente para el mediano plazo.
Según fuentes oficiales y del sector energético, la demora se debe a la dificultad en el cruce de datos necesario para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia en sus facturas. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo y Chirillo trabajan semanalmente para afinar la hoja de ruta.
