Tal como se dio a conocer a la prensa, el gobierno de Alberto Fernández insta a las provincias, a través de un nuevo Pacto Fiscal, a crear un impuesto a la herencia, lo cual fue defendido por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, ratificando que desde el Ejecutivo nacional se impulsará, desde 2022, la instauración de este tributo. En la Argentina actual, lo extraordinario sería encontrar las arcas públicas en orden, por lo que la voracidad del Estado es moneda corriente y este impuesto seguramente llegará para quedarse.
El argumento del Gobierno dice centrarse en la equidad. La meritocracia, tan denostada hasta este momento por el oficialismo, resurge ahora como aliada: “No es meritocracia cuando recibís herencias distintas a lo largo del tiempo y cómo se van acumulando”, dijo Batakis. Claro, lo único constante para el oficialismo es la capacidad del Estado para meter la mano en la lata, el resto es válido o no, en función de su capacidad para facilitar estos fines.
Es completamente errado el argumento de la meritocracia como excusa para la creación de un nuevo impuesto sobre los ya agotados hombros de la ciudadanía, pues qué mérito tiene el Estado por sobre el ciudadano para quedarse con una porción de algo que no solo no generó, sino sobre lo cual ya se le cobró en el pasado. La inmoralidad de este tributo es de proporciones descomunales.
“El impuesto a la herencia afectará solo a los mega-millonarios” dice el Gobierno, buscando en la envidia justificativos para esta depravación, pero eso es falso, pues las personas con los recursos suficientes escudarán sus patrimonios con los instrumentos legales adecuados de manera tal que los mismos se transmitan de generación a generación sin verse perjudicados. La que verdaderamente se verá afectada por este nuevo arrebato es la clase media.
La misma que no cuenta con los medios adecuados para tal protección, por lo que, una parte de sus esfuerzos de toda una vida –por los que ya tributó, vale reiterar– no pasarán a sus seres queridos, sino a un voraz Estado cuya necesidad de ingresos es cada día más y más alta, toda vez que sus egresos no tienen límites. Es completamente indecente contrariar los deseos del causante.
Cuya voluntad de ayudar a sus seres queridos queda demostrada en preservar sus ahorros para que lo trasciendan, en lugar de dilapidarlos durante la vejez. Pero, además, es completamente inmoral que sea el Estado quien potencialmente se quede con la riqueza que la sociedad creó, ya que, de perdurar herencia no consumida por los herederos, el Estado volverá a tomar una porción de ella tras el siguiente deceso, y así sucesivamente.
Siendo el Estado tan obsceno como para, no conforme con gravar la misma cosa con distintos tributos, hacerlo con el mismo impuesto, pero de manera repetida a lo largo del tiempo. Mecanismo mediante el cual se traslada, paulatinamente, la riqueza desde un sector productivo hacia uno improductivo, alimentando al soberano a costa del ciudadano. No nos dejemos engañar, este nuevo tributo solo busca, una vez más, quitarle autonomía a la sociedad civil.
Al tiempo que generar dependencia del individuo con el Estado de manera que tocarle la puerta a éste sea un requisito necesario para lograr cualquier objetivo de aquel. En la decisión del soberano, a la larga, radicarán las oportunidades del ciudadano. El impuesto a la herencia será, a fin de cuentas, un nuevo vehículo para la promoción de la mayor de las desigualdades existentes, la que separa a los gobernantes de los gobernados: el poder.
