Resulta francamente repulsivo asistir a la actitud del Gobierno Nacional frente a la próxima cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a celebrarse en Buenos Aires, el próximo 24 de enero. Un evento al que, en su calidad de anfitrión, el kirchnerismo ha convertido en una plataforma de protección para sus invitados estelares: los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pero congraciarse frente a tiranos que someten a los pueblos en países hermanos -con los que compartimos un origen y una cultura común- resulta repugnante y despreciable. Como es sabido, desde hace décadas hombres y mujeres de Cuba, Venezuela y Nicaragua permanecen sometidos por regímenes que han naturalizado la muerte, las desapariciones, las privaciones ilegítimas de la libertad, la tortura, el despojo y la confiscación, los exilios forzados y hasta el trabajo esclavo (como es el caso de los médicos cubanos de exportación).
Horribles realidades frente a las que el kirchnerismo parece sordo y mudo. Y complaciente al servicio de los déspotas a los que ahora ofrece la alfombra roja de la bienvenida a nuestro país. Al extremo de que la portavoz oficial ha tenido el desparpajo de afirmar que todos los mandatarios invitados a la reunión habían sido “elegidos democráticamente” por sus pueblos. Al tiempo que indicó que “no todo lo que sucede en Venezuela es negativo”.
Acaso convendría que la vocera presidencial nos aclare a qué logros de la dictadura de Caracas se estaba refiriendo. Se deben repudiar las inadmisibles concesiones en las que han incurrido los máximos representantes del Estado argentino en ocasión de la celebración de la próxima cumbre de la CELAC. La promocionada invitación a déspotas como los antes mencionados compromete seriamente el prestigio y la reputación de la Argentina toda vez que se trata de regímenes que han conculcado sistemáticamente los más elementales derechos humanos de sus pueblos.
Los pueblos de las Américas deben saber que esta detestable política kirchnerista no representa al conjunto del pueblo argentino. Es nuestra obligación mantener en alto el reclamo por la vigencia plena de las libertades y los derechos humanos en nuestros países. Conforme a las obligaciones que sujetan a los Estados miembros del sistema interamericano a través de instrumentos internacionales de promoción y protección de esos derechos y garantías.
Tales como la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta Democrática de la OEA. Es necesario cuestionar en los más duros términos el ejercicio de una política exterior tan contraria al interés nacional. La que, mediante acciones y omisiones en materia de Derechos Humanos, ha deshonrado una noble tradición de promoción de esos valores iniciada con la recuperación democrática en 1983.
