Tras el reclamo de cinco gobernadores patagónicos de distintos colores políticos y un intendente bonaerense contra la liberación de la actividad pesquera en el Mar Argentino que plantea la ley Ómnibus, el Gobierno informó oficialmente esta mañana que estaría dispuesto a apoyar una modificación de esos puntos en el ámbito del Congreso. La apertura a cambios contrasta con los planteos de intransigencia que venían planteando Javier Milei y sus ministros desde que se publicó el polémico articulado. Y, si accedieran, sería la primera concesión de La Libertad Avanza sobre el proyecto.
“Ayer hablamos con (Federico) Sturzenegger y dijo que es posible que haya que revisar lo de la pesca, y que si hay algo que modificar, el Congreso lo tratará”, sostuvo esta mañana el secretario de Comunicación, Eduardo Serenellini, que acaba de asumir el cargo tras la salida de Belén Stettler, en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Se refería al asesor de Milei en temas económicos, ex presidente del Banco Central durante el macrismo, que tuvo un rol central en la redacción del proyecto.
Minutos antes, en su rueda de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había deslizado una idea similar, pero con mayor cautela: “Estamos abiertos al diálogo y al debate. Una gran parte del debate legislativo es eso, ponernos de acuerdo, e intercambiar opiniones e ideas”, dijo.
El tema tomó centralidad el martes, cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, de PRO, salieron en tándem a rechazar la reforma en el régimen federal de pesca. Sin embargo, para el Gobierno se transformó en un problema de mayor magnitud cuando se sumaron al planteo el resto de los jefes provinciales del Sur que, además, lideran otras fuerzas políticas: Alberto Weretilneck (Río Negro); Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Rolando Figueroa (Neuquén). “Afectaría considerablemente a la industria nacional en términos laborales y económicos”, escribieron en un comunicado conjunto.
Ante el incipiente conflicto, el encargado de poner paños fríos fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que convocó a Torres y a Montenegro, virtuales capitanes de los distritos pesqueros, esta tarde en su despacho en la planta baja de la Casa de Gobierno. Llevarán la palabra de los irritados empresarios del sector, quienes aseguran que nadie los consultó. Torres estaba reunido desde el mediodía, en la Casa de Chubut, con la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), Lisandro Balermini; el gerente general de la entidad, Marcelo González; Miguel Glikman, Mariano Pérez y Claudio Guida, de la empresa Newsan; Antonio Solimeno, Alberto Procelli y Daniel Coluccio, del Grupo Solimeno; Fernando Jorge Artigau, del Grupo San Isidro; Gustavo Casanovas y Pedro Gordillo, de la empresa Arbumasa; Guillermo Cervio, del Grupo Iberconsa; y María Luján Galban, del grupo Moscuzza.
Su plan es presentar los tres ejes principales de la propuesta diseñada esta semana junto a sus pares sureños para frenar “algunos” cambios en la Ley de Pesca. En principio, el que más les importa evitar es la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, reglamentada en el Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), con el fundamento de que genera empleo “directa e indirectamente” en suelo argentino.
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El economista Federico Sturzenegger, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/SHAWN THEW
“Con los cambios de la Ley Ómnibus, toda la cuota de recursos pesqueros que se licite podría descargarse en cualquier puerto, quitándonos algo tan preciado como es el control y la trazabilidad. Estamos hablando de buques que no tienen cámaras en bodegas y que no hay un control digital en redes como en otros países”, dijo Torres en un nuevo comunicado, hoy.
Además, le pedirán al Gobierno que suspenda la implementación de los puntos que generan una competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que actualmente establece que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. “Están planteando una visión unilateral de una persona en la Casa Rosada que desconoce totalmente la realidad heterogénea de la Argentina. Hay una cuestión económica, una de control y una trazabilidad, y otra, que es la más grave, que tiene que ver con una cuestión de soberanía básicamente”, lanzó esta mañana Torres por radio, aunque sin mencionar a Sturzenegger. Esta mañana, Adorni había aclarado, ante una consulta periodística, que todos los artículos de la ley ómnibus fueron escritos desde el “expertise” del Gobierno.
