Alberto Fernández firmará en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará la Ley de Vacunas y permitirá la llegada al país de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
Fuentes del Gobierno informaron a TN, que el DNU cambiará los párrafos de la norma que fueron objetados por el laboratorio estadounidense Pfizer y que impidió que las negociaciones pudieran concretarse.
La medida buscará, además, destrabar la llegada al país de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos. El mes pasado, la administración de Joe Biden anunció que donaría a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, millones de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, pero advirtió que cada país debía encargarse de adecuar sus marcos legales para que sea posible la donación.
La de Pfizer ya cuenta con aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En cambio, la de Johnson & Johnson aún tiene pendiente el visto bueno del organismo mientras que Moderna aún no inició el trámite.
Pfizer realizó los ensayos de su fármaco en el país pero, cuando todo indicaba que sería uno de los proveedores de vacunas de la Argentina, la empresa se negó a firmar el contrato por la Ley de Vacunas que aprobó el Congreso. Desde la compañía argumentaron que la norma, como estaba redactada, le podía generar al laboratorio demandas judiciales surgidas de la aplicación del inoculante.
La noticia se conoce tras la negativa del oficialismo, este jueves, de avalar el tratamiento en Diputados de un proyecto de Juntos por el Cambio que impulsaba un acuerdo entre el Gobierno y Pfizer para permitir el ingreso de vacunas contra el coronavirus, que se aplicarían a chicos y adolescentes con enfermedades graves y discapacidades. Pfizer es el único laboratorio autorizado para vacunar a este grupo etario.
El problema con Pfizer
El laboratorio estadounidense objetó específicamente el artículo 4 de la Ley 27.573, que le permitía al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
El gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, al exponer en Diputados, el mes pasado, explicó que la palabra “negligencia”, que no estaba en el proyecto original que mandó el Gobierno y que fue agregado por pedido de la diputada oficialista Cecilia Moreau, terminó trabando el acuerdo por el que el laboratorio iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas.
Vaquer explicó en ese momento que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer “asumió el riesgo de acelerar procesos”.
“Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo”, aseguró Vaquer.
En el caso de Moderna y Janssen, que mantuvieron diálogos muy preliminares con el Gobierno, aún no recibieron la autorización de la ANMAT. La primera no inició el trámite y la segunda sí comenzó el proceso necesario para que cualquier medicamento pueda ser administrado en el país.
