En paralelo a los bulliciosos cruces entre el Gobierno y el tándem formado por las autoridades universitarias y los gremios, los vasos comunicantes entre ambas partes están abiertos en busca de una salida para el conflicto por el presupuesto para la educación superior. Los diálogos se llevan, tensos, por distintos canales, entre el secretario del área, Carlos Torrendell y el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, entre el asesor presidencial, Santiago Caputo y el vicerrector Emiliano Yacobitti; y entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez y los cinco sindicatos del sector.
En Gobierno contaron que Gelpi se comunicó esta semana con Torrendell para explicar, en privado, la respuesta que le había dado en público a las cifras expuestas por el secretario sobre estudiantes “crónicos”. Pero en la UBA lo negaron rotundamente. “Fue al contrario, Torrendell lo llamó a él, es rotundo que no fue así. No tendríamos problema en comunicarnos con ellos para explicarles las diferencias entre lo público y lo privado, pero no fue así”, enfatizaron. Sea quien fuere el iniciador, las conversaciones privadas fueron admitidas por los dos polos.
Por encima de esos funcionarios, es la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene la última palabra. Supeditada, claro, al visto bueno de Javier Milei y, en el caso de un ofrecimiento presupuestario, del ministro de Economía, Luis Caputo. Y si bien en su entorno mantienen hermetismo sobre sus siguientes pasos concretos, dejaron saber que habría una nueva convocatoria del Gobierno a una negociación paritaria, con otra oferta, aún no especificada. Mientras tanto, en la Casa Rosada deslizaron que están abiertos a discutir en el Congreso una ampliación de las erogaciones dispuestas en el proyecto de Presupuesto que giró Milei, siempre y cuando se respete el déficit fiscal. Pero no más que eso.
En la UBA y en los gremios dan por sentado que les ofrecerán un porcentaje superador. Pero insisten en que las proyecciones presupuestarias, si se concreta el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario (como ocurrirá) no se hagan mes a mes, sino que se traten en mesa de negociación estable con todos los actores.
La masiva marcha universitaria en el Congreso
El objetivo, dicen, sería alcanzar consensos sobre políticas salariales, pero también para discutir de manera “racional” los reclamos sobre transparencia que lanza públicamente el Gobierno. Salvando las distancias, constituiría una diagonal similar a la que impulsó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dos de los líderes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, para amortiguar los choques por la reforma laboral, por los paros en Aerolíneas Argentinas, de cara a una huelga total en todos los medios de transporte prevista para el 17 de este mes.
Ese eventual espacio de discusión sobre políticas universitarias, dicen cerca de los rectores, serviría para sistematizar las negociaciones que vienen desarrollándose de forma desordenada desde abril, a partir de la primera gran marcha universitaria, y que no llegaron a una solución, como está a la vista en las inmediaciones del Congreso.
En Capital Humano, sin embargo, no le ven futuro a la propuesta. “Esa mesa es un invento, el ministerio ya se relaciona institucionalmente con los representantes del CIN y los representantes gremiales. El problema es que está todo mezclado”, lanzaron. Y agregaron: “Nosotros vamos a continuar la negociación salarial en el lugar que corresponde, que es la paritaria. Con los rectores hablamos de gastos de funcionamiento y no tenemos ni un solo reclamo por refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento de ninguna universidad”.
Bajo esta dinámica, hace aproximadamente dos meses las partes habían estado cerca de alcanzar a un acuerdo que evitara la escalada, pero se cayó. Según dicen en la UBA, por una negativa de último momento del ministro de Economía, Luis Caputo para soltar los fondos. “Sandra prometió algo, se dio vuelta para consultarlo y le dijeron que no”, contó un testigo de aquellas conversaciones. En Capital Humano insisten en que las exigencias de una recomposición superior al 40 por ciento son irrisorias.
El escenario principal del acto (NA)
Mientras conversan en privado, en público todas las tribus sacan a relucir la artillería pesada. Las autoridades universitarias y los gremios impulsaron una marcha masiva, y Milei habilitó a sus ministros a salir en modo matar o morir con el discurso. En la previa de la manifestación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la protesta se politizó y aludió indirectamente a un intento desestabilizador. “¿Qué van a venir, a preparar el golpe que están preparando para noviembre y diciembre?”, dijo cuando le preguntaron sobre el operativo en la señal TN.
Antes, el secretario Torrendell había cuestionado, en dos ocasiones, la cantidad de alumnos que efectivamente estudian en la UBA, para dar a entender que hay corrupción en las universidades. Y la semana pasada Pettovello había criticado a los gremios por rechazar su ofrecimiento de un aumento salarial del 6.8 por ciento para octubre, aunque por escrito (se mantiene siempre a resguardo de cámaras y micrófonos). Desde entones, se mantiene en silencio.
Mientras tanto, el Ejecutivo sigue firme en que vetará totalmente la ley de financiamiento que aprobó el Congreso hace dos semanas. Atento a la ebullición que genera la marcha, Milei postergó todo lo que pudo la medida para evitar que se perciba (o sea utilizada) como una provocación. Pero se prepara para firmarlo hoy y publicarlo mañana en el Boletín Oficial, al filo del vencimiento del plazo de diez días que empezaron a correr desde que se comunicó al Poder Ejecutivo.
Postal de la marcha en Córdoba (Mario Sar)
Con o sin mesa de discusión, el desacuerdo parece insalvable. El Gobierno está firme en sostener que una recomposición salarial por encima del 40 por ciento, como se exige desde los sindicatos, perjudicaría el equilibrio fiscal. Los gremios aseguran que no quieren aumentos excesivos, sino previsibilidad en los aumentos que se hacen con criterios variables y supuestamente poco claros, mes a mes. Capital Humano reclama mayor transparencia en las universidades. Pero en la UBA, que recibe la mayor cantidad de fondos, aseguran que “los números están disponibles”; levantan la bandera de la autarquía para rechazar intromisiones; y alegan que sí se hacen e hicieron informes, tanto propios como de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Una vez más, en Gobierno difieren: señalan que esos análisis son escasos y están desactualizados. Pero admiten que tienen las manos atadas por la ley de autonomía universitaria y dieron de baja definitivamente el plan de involucrar a la Sindicatura General de la Nación en un plan de examinación de los balances presupuestarios.
Más allá de las diferencias, en la Casa Rosada muestran, por lo bajo, un tono conciliador. “Estamos de acuerdo en que es necesario mejorar los salarios. Incluso diríamos que acompañamos el reclamo. Pero hay que ver de dónde sacamos la plata”, dijo una de las figuras fuertes del círculo del Presidente.
