Después de una jornada llena de versiones, el gobierno ratificó que subirá los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja. Son los dos principales productos de la canasta exportadora argentina, con embarques por US$ 20 mil millones. A través de las “retenciones” –como se denominan a los impuestos a la exportación– el gobierno capturó el año pasado unos 7 mil millones de dólares, con una alícuota del 29% para estos productos.
Ahora subirían al 31 o 32%, con lo que las Aduana recaudará entre US$ 500 y 700 millones adicionales. El anuncio disipó los rumores de un fuerte aumento de las retenciones al trigo y al maíz. Se hablaba de que pasarían del 12% actual, a un 24%. Es lo que quería el secretario de Comercio, Roberto Feletti, como una forma de reducir el impacto de la suba de los precios internacionales en el costo de los alimentos.
La famosa teoría del “desacople” que galvanizó, quince años atrás, Guillermo Moreno. Esta versión había puesto en alerta a todo el sector rural. Las redes sociales estuvieron al rojo vivo, dejando flotar la amenaza de una reedición del conflicto de hace 14 años, cuando el gobierno de Cristina Kirchner intentó aplicar las retenciones móviles (la “resolución 125”). Finalmente, triunfó la tesis del “mal menor”.
Es decir, concentrar el castigo en los productos de soja, que se elaboran en el conglomerado agroindustrial que jalona el río Paraná desde el norte de Rosario hasta las inmediaciones de Zárate. Es el más competitivo del mundo: Argentina lidera el mercado mundial de harina y aceite de soja desde hace años, cuando empezó a crecer el complejo sojero, que hoy tiene una capacidad instalada superior al volumen de la cosecha.
Pero cabe señalar que el anuncio oficial no dejó tranquilo al agro. En primer lugar, los productores saben que los exportadores de harina y aceite trasladarán este aumento de la gabela a los productores. Esos 500/700 millones de dólares saldrán indefectiblemente de una reducción de los precios de la materia prima, que ahora tributará con la misma alícuota que sus derivados con valor agregado.
Y también saben que el gobierno inició un proceso de ajuste que encuentra en el sector agroindustrial una fuente de recursos atractiva. El propio ministro de Economía Martín Guzmán, que ayer habló ante los senadores que deben votarle el acuerdo con el FMI, quiso aclarar que no es el organismo internacional quien presiona por las retenciones. Dijo que son una decisión del gobierno.
Pero quienes conocen el paño recuerdan que fue el FMI quien impuso una medida similar (subir los derechos de la harina y el aceite de soja) a la administración Macri/Dujovne. Algunas entidades del agro aplaudieron la medida, porque equiparaba los derechos de exportación de la harina y el aceite a los del poroto y eso sonaba a justicia al interior de la cadena. La realidad es que significó un traslado de ingresos del agro al Estado. Lo mismo que va a suceder ahora.
Encima, se castiga el valor agregado, y estimula la venta de mercadería sin procesar, que es lo que buscan algunos destinos. En particular, la República Popular China, que premia el embarque de poroto de soja para procesarlo en sus plantas. La medida que se anuncia lubrica ese mecanismo. Las retenciones son fáciles de cobrar, porque no se emite el permiso de embarque si no se pasó por ventanilla. “Te espero en el puerto”, una fórmula infalible.
Así, el gobierno captura uno de cada tres camiones cuando llegan al puerto. Solo el milagro de la tecnología, que genera enorme competitividad, permite que esto siga funcionando. La mala noticia es que, hace más de diez años, la producción de soja se estancó. Todo tiene un límite. Tras el rechazo del campo y de la oposición, el Gobierno dice que limitará la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja.
