La designación de Martín Soria como Ministro de Justicia completó el cuadro de canallas sicarios a los cuales Cristina Fernández encomendó destruir al Poder Judicial, comenzando por la Corte Suprema y la Procuración General; lo integran Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (miembro del Consejo de la Magistratura) y varios bellacos senadores y diputados, alguno de ellos tránsfugas. Imaginar a qué extremos estarán dispuestos a llegar para cumplir sus objetivos, en un país que ha olvidado que aquí se asesinó a un Fiscal porque la acusaba, queda reservado a cada uno, pero no estará de más recurrir a la historia reciente.
La descripción del escenario podría comenzar a partir de un dato que el martes adquirió cierta certeza: el calendario electoral determina que en agosto se llevarán a cabo las PASO y, en octubre, las elecciones legislativas. En ellas, la PresidenteVice necesita desesperadamente triunfar por amplio margen para mejorar sus mayorías en el H° Aguantadero, que le permitirían sancionar las leyes que está buscando para obtener la impunidad.
Sin embargo, el notorio fracaso de los programas de inmunización por la falta de dólares para pagar los envíos (¿quién vendería a crédito a un país nuevamente en default?) y los privilegios camporistas en la aplicación de las pocas vacunas que consiguió (¿qué harán ante la inminente segunda ola?), el incremento de la pobreza y del hambre, la persistente corrupción y la inclemente inflación, que se suman a una economía destruida hasta sus cimientos por la cuarentena y por las medidas populistas que se suceden contra tantas empresas y que ahuyentan a los inversores e impiden la generación de trabajo genuino, no auguran éxito alguno a esas aspiraciones.
Y otro tema, que aquí pasó desapercibido, debe complicar aún más el ánimo de la PresidenteVice: el miércoles, la Corte Suprema de Cabo Verde ordenó la extradición a los Estados Unidos del Alex Saab, el operador de Nicolás Maduro que conoce como nadie los movimientos de dinero que se realizaron entre la Venezuela de Hugo Chávez y la Argentina de los Kirchner. Es probable que, para reducir la prolongada condena que le espera, cuente acerca de sociedades (Nebraska, USA) y viajes (Seychelles) que Cristina Fernández concretó para ocultar su dinero robado.
Mientras alrededor de los problemas judiciales de ella pivotean las crueles urgencias de la sociedad, a las que ignora olímpicamente, está ocurriendo otra cosa que amerita una grave preocupación: en el sur, terroristas de varias nacionalidades (chilenos mapuches, peruanos de Sendero Luminoso, colombianos de las FARC, etc.), auspiciados y apoyados por el Gobierno, están reconstruyendo con tomas de tierras, robos e incendios el proyecto que pretendieron instalar en Tucumán en 1974.
En aquel entonces, el ERP intentó ocupar un territorio que, “liberado”, le permitiría obtener el reconocimiento internacional como parte beligerante; la situación escaló hasta que el gobierno de Isabel Martínez de Perón ordenó a las fuerzas armadas aniquilar a los subversivos en el Operativo Independencia. Los militares vencieron y, precisamente por haber ganado esa guerra, hoy se pudren en las cárceles 2.000 ancianos a los cuales no se les reconoce derecho alguno; ya han muerto, presos, 633 de ellos.
Para armar un eventual zafarrancho que haga saltar por los aires todo el sistema institucional de la Argentina cuando Cristina Fernández se convenza que perderá las elecciones, el kirchnerismo dispone de otras tropas para incorporar a sus colectivos chavistas: los cinco mil asesinos liberados, los barrabravas, los soldados del narcotráfico, los policías de la Provincia de Buenos Aires expulsados por María Eugenia Vidal y reincorporados por Axel Kiciloff y, ahora, los delincuentes y terroristas de toda laya a los que un reciente decreto del Presidente Pinocho habilita a ingresar al país, recibir documentos nacionales y hasta votar.
Es más que razonable enhebrar estas perlas en el siniestro collar con el que la PresidenteVice tratará de ahorcar a la Argentina si no obtiene esa impunidad por caminos legales. No debemos excluir otra disposición que limita la acción de las fuerzas armadas a defender nuestra soberanía contra las agresiones de otros Estados; es decir, les prohíbe actuar contra enemigos irregulares y no uniformados, como los pseudo-mapuches del sur. El golpe de estado institucional que está ejecutando puede transformarse, en cualquier momento, en otro literalmente violento que nos llevaría, sin escalas, a una guerra civil de inimaginables consecuencias.
Para terminar, quiero agradecer a todos aquellos que comentaron la propuesta que formulé la semana pasada a toda la oposición con vistas a ofrecer un acuerdo general para competir con el Frente para Todos, que ganó las últimas elecciones presidenciales reuniendo bajo sus banderas a todas las tribus peronistas y aliadas, como el cambiante Frente Renovador de Sergio Massa.
Creo que ha llegado la hora de que cada uno de nosotros presione a los líderes que nos representan para que construyan, con el método que allí sugerí u otro cualquiera, pero con la mayor urgencia, una propuesta atractiva, democrática y republicana que evite la catástrofe final.
Por Enrique Guillermo Avogadro
