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EL GOLPE INSTITUCIONAL QUE NO FUE…

La legislatura provincial archivó los pedidos de juicio político en contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Claudia Sbdar y del vocal Daniel Posse, que habían sido presentados por la comunidad indígena de Tafí del Valle, instados por el procesado por corrupción, el legislador oficialista Jorge Yapura Astorga

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Jorge Yapura Astorga - Edificio de la Legislatura

Opinión. “Lo que nos dejó la semana

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La semana que pasó culminó con el golpe institucional que no fue, a pesar de las espurias intenciones del legislador provincial Jorge Yapura Astorga a la hora de atacar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por medio de una condenable utilización de la comunidad indígena de Tafí del Valle. Para ello, fue clave el papel desempeñado por este medio a la hora de truncar los planes del procesado por corrupción en su época de intendente.

Fue clave el trabajo de investigación llevado a cabo desde Tucumán Despierta, que culminó en la presentación de una nueva denuncia penal en contra de Jorge Yapura Astorga (recordamos que actualmente se encuentra procesado y elevado a juicio oral, junto a su concubina, su hijo y cinco ex funcionarios cuando era intendente de Tafí del Valle, por graves delitos de corrupción),  en la Oficina de Gestión de Audiencias por parte del abogado Dr. Gustavo Morales en los términos del artículo 146 del Código Procesal Penal de Tucumán, en concordancia con el artículo 25 en contra del legislador del Partido Justicialista.

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En ese sentido, se lo acusó formalmente por el presunto delito de “tráfico de influencias” previsto y penado en el artículo 256 bis del Código Penal. Como señalamos, esta denuncia penal fue promovida y motorizada gracias al trabajo periodístico de Tucumán Despierta, acerca de la confirmación sobre el hecho de que Yapura Astorga habría sido el ejecutor del golpe institucional en contra de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Este es su Pollo
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Lo que dio a conocer Tucumán Despierta durante la anterior semana,  para que durante los últimos días todo saliera a la luz, fue el hecho de que Yapura Astorga hizo valer su condición de funcionario público para que caciques de comunidades originarias, entre ellos Santos Eugenio Pastrana, efectuarán ante la Legislatura provincial un pedido de juicio político en contra de la titular de la Corte Suprema local, Dra. Claudia Sbdar y del vocal del alto tribunal Dr. Daniel Posse.

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Cacique Santos Pastrana | Foto: La Gaceta

La finalidad única habría sido la de forzar con esta petición de renuncia de ambos magistrados. Es por ello que en la denuncia se advierte que la conducta desplegada por el procesado Jorge Yapura Astorga, encuadra la figura del artículo 256 del Código Penal conocido como “tráfico de influencias”. De hecho, fueron los propios miembros de la comunidad diaguita de Tafí del valle quienes rechazaron las acciones del cacique Santos Pastrana en contra de la Corte.

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En por ello que acusaron a Yapura Astorga de haber instado estas maniobras, y sobre el pedido de juicio político, el acta aclara que para la misma “no fue consultada la comunidad, su asamblea de base, ni el consejo de delegados”. “Dicha decisión se toma básicamente debido a que hay intereses políticos y económicos del legislador procesado Jorge Yapura Astorga, quién instó estas acciones”, dijeron por escrito en el documento publicado la anterior semana por Tucumán Despierta.

Esto significa que, si el cacique  Pastrana no cumplió con los requisitos de su comunidad, debido a que habría actuado de forma personal, como mencionan ellos mismos en el acta, no tendría validez los pedidos solicitados en la Legislatura. Es por ello que la publicación de este medio acerca de este accionar de Yapura Astorga movilizó la denuncia penal que presentó en la semana el abogado Miguel Gustavo Morales.

Dr. Gustavo Morales
Dr. Gustavo Morales

Pero como si esto fuera poco, finalmente, en la Legislatura provincial ingresó un pedido de remoción por la causal de “inhabilidad moral” en contra del legislador provincial del Partido Justicialista, Yapura Astorga. En los hechos esto significa que lo que se solicita es, ni más ni menos, que la destitución del ex intendente de Tafí del Valle. El trámite fue presentado por el Dr. Gustavo Morales luego de que presentara una denuncia penal en contra del procesado.

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Y es que el “tráfico de influencias” previsto y penado en el artículo 256 bis del Código Penal, es la razón por la que el pedido de remoción en la Legislatura en contra de Yapura Astorga, debería tener lugar, y así también lo entendió el Dr. Morales. De esta manera, teniendo en cuenta la denuncia penal, el pedido de remoción de su puesto en la Cámara legislativa provincial se veía venir, por lo que, Yapura Astorga debería ser destituido.

Es por ello que durante el transcurso de la semana, desde este medio nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo más podrá la Legislatura mirar para otro lado? Sin embargo, a pesar de la gravedad de los delitos por los cuales Yapura Astorga deberá sentarse en el banquillo de los acusados, sigue ocupando su banca. Y es que continúa siendo “protegido” por los demás integrantes de la legislatura, que miran para otro lado.

Al mismo tiempo, la sociedad tucumana ya está harta de que se le rían en la cara a causa de una especie de defensa corporativa de la Legislatura, que no es más que una muestra más de la tamaña impunidad que existe en el poder político provincial. En ese sentido, cobra una significancia especial el silencio opositor. Y es que cabe preguntarse: ¿Por qué la oposición en nuestra provincia sigue mirando para otro lado?

Esto se debe al hecho de que parecieran tener una vara moral selectiva a la hora de marcar la corrupción. Y es que, como bien señalamos durante la semana, cuando se trata de hechos de corrupción a nivel nacional, de inmediato salen a criticar y a cuestionar, pero cuando ocurren cuestiones parecidas y hasta peores en Tucumán, sólo atinan a caer en un ruidoso silencio.

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Si para muestra alcanza un botón, una de las expertas en hacer la vista gorda a nivel provincial cuando tienen lugar hechos de corrupción es la senadora nacional radical, Silvia Elías de Pérez. Y es que, mientras opinó que en el kirchnerismo ahora llevan adelante un atentado contra la división de poderes. Pero no se trata de la única, ya que su correligionario, el diputado nacional, José Cano, tampoco dijo una sola palabra sobre este hecho.

josé cano silvia elías de pérez
Diputado Nacional José Cano – Senadora Nacional Silvia Elías de Pérez

Y es que, al igual que Elías de Pérez, siempre está hablando de la Nación para sacar algún rédito político, mientras que de lo que sucede en la provincia no habla. En la misma conducta, caen los legisladores provinciales que responden al radicalismo, al igual que aquellos que están relacionados políticamente con el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, quien ni una sola vez mencionó algo respecto de Yapura Astorga.

Germán Alfaro
Intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro

Pero tampoco dice nada uno de los autodenominados adalides de la moralidad tucumana, como es el caso del líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, con la gravedad de que su espacio político es el segundo en cuanto a cantidad de legisladores que integran el cuerpo de la Cámara. Esto significa que cuentan con un número importante de representantes del pueblo a la hora de intentar llevar a cabo un intento de destitución de uno de sus integrantes.

Legislador Ricardo Bussi

¿Acaso creerán que lo realizado por Jorge Yapura Astorga es algo que debe pasarse por alto sólo por el hecho de que se trata de un actual colega legislativo? ¿Acaso la defensa corporativa es más importante que defender la división de poderes en Tucumán? Como pudimos ver durante la semana que pasó, más que dirigentes opositores, parecerían ser funcionales al oficialismo provincial.

¿Hasta cuándo los integrantes de la legislatura provincial seguirán protegiendo la corrupción?

Legislador Jorge Yapura Astorga
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