Cristina Kirchner y Alberto Fernández se encargaron de llevar su pelea a un punto en el que ninguno de los dos puede retroceder sin admitir al menos una derrota parcial. Los dos hablaron para dejar claros sus desacuerdos y también habilitaron a dirigentes de sus respectivos equipos a recalentar las discusiones. Este lunes le tocó al ministro de Economía, Martín Guzmán, responderle a la vicepresidenta.
Martín Guzmán suele elegir el lenguaje elusivo y con pocas precisiones en las entrevistas, pero esta vez, como sólo cabía admitir que el último discurso de Cristina Kirchner lo había tomado como blanco preferido, tuvo que evitar las curvas. La ventaja para el ministro es que la vicepresidenta elige siempre sacrificar la coherencia técnica ante el altar de sus necesidades políticas.
Por eso es muy fácil para cualquier economista tomar la letra de sus intervenciones públicas y refutar cada párrafo con evidencia histórica o con la literatura académica disponible. Esa situación genera una curiosa paradoja: como los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner son inconsistentes, un observador externo puede pensar que su contrincante tiene razón.
Esa victoria para Guzmán se mantiene hasta que alguien decide correrse por un minuto de la contemplación de los duelos discursivos y pasear un rato por los lugares en donde se impone la realidad material. Cualquiera que visite un supermercado por la mañana podrá ver que en los pasillos compiten los empleados encargados de remarcar los precios con los que tienen la tarea de acomodar botellas de aceite o latas de tomates para disimular los faltantes en las góndolas.
Lo que complica a Guzmán no es lo que dice Cristina, a él lo mata lo que muestra el Indec. La economía que conduce Guzmán tiene locales de venta de automóviles con listas de espera de meses; petroleras que aumentan sus precios porque saben que si los dejan un poco abajo de los de la competencia no darán abasto con sus entregas o empresas de alimentos que prefieren no vender sus productos más exitosos para que no queden en la mira de los funcionarios que arman las nóminas de precios regulados.
Los problemas que tiene la economía no son los que identifica Cristina, pero eso no quiere decir que no existan los problemas. Hoy, los productos que le vende la Argentina al mundo tienen precios inmejorables y el Gobierno no consigue convertir esa situación en oportunidad. Las exportaciones mejoran, pero el Banco Central no tiene dólares. Esos sinsentidos, por supuesto, no surgieron ahora.
Sin embargo, ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández pueden decir que no tienen responsabilidad en ese descalabro. En el año 2023 se cumplirán 20 años de gobiernos kirchneristas en continuado, sólo interrumpidos por los 4 años de Mauricio Macri. La vicepresidenta no habla de economía: hace que habla de economía. En realidad, está hablando de política.
Su interés es convencer a su electorado de que el Gobierno aumentará las tarifas de gas y electricidad a pesar de ella y que los salarios pierden poder de compra en contra de sus intenciones. Con esa pretensión testimonial espera quedar a salvo de lo que prefigura como una catástrofe electoral refugiándose en la provincia de Buenos Aires y en bloques apreciables en el Congreso. Ante ese plan no hay argumento económico que valga.
