El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán homologó en un juicio abreviado penas de tres años de prisión de ejecución condicional impuestas a Alicia Inés Petit y Enrique Fausto González, presidenta del directorio y director del ingenio La Corona, por hechos de contaminación ambiental ocurridos en Concepción, Tucumán.
En el acuerdo alcanzado en juicio breve se resolvió además que la firma Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A., que explota actualmente el ingenio, pague en representación de las dos personas condenadas una suma de $75 millones en concepto de reparación por el daño ocasionado.
La fiscalía general estuvo representada por el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Wisemberg, y llevó el acuerdo a la audiencia realizada el 19 de agosto pasado ante el juez Enrique Lilljedahl, quien integró el tribunal de forma unipersonal y finalmente dio a conocer anteayer la homologación.
Ambos acusados reconocieron su responsabilidad por distintos hechos configurativos de delitos contemplados en la ley 24.051, de Residuos Peligrosos, cometidos en lapsos temporales comprendidos entre 2006 y 2017.
Los hechos por los que fueron llevados a juicio consistieron en la contaminación de los cursos de agua que desembocan en el Río Salí, y también en tierra por los desechos de vinazas y otros elementos que el ingenio La Corona arrojó por canales pluviales a cielo abierto. Esto, a su vez, causó daños a la población, generando enfermedades bronquiales, oftalmológicas y pulmonares.
Según informó la fiscalía, las labores periciales llevadas adelante durante la etapa de instrucción permitieron acreditar la presencia de químicos en los cursos de agua aledaños al ingenio en valores superiores a lo permitido por la reglamentación vigente a la fecha de los hechos.
Una activista ambiental de la provincia de Santiago del Estero, que había impulsado uno de los procesos en los que se llegó al acuerdo, representada por el abogado Daniel Mendivil, manifestó su total conformidad con la solución arribada en el juicio abreviado, luego de que la fiscalía le solicitara su opinión en virtud de la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
A los fines de garantizar la no repetición de estos hechos, la firma Distribuidora Tucumana de Azúcares S.A. presentó los planes de reconversión industrial hacia procesos de producción más limpios.
Además, se informó que los $75 millones que deberá abonar en concepto de reparación serán destinados al beneficio de la comunidad aledaña al ingenio, lo cual será determinado en la etapa de ejecución de la sentencia.
