Por mayoría y con objeciones de la oposición, la Legislatura dio luz verde al Instituto Provincial de la Viviendas y Desarrollo Urbano (IPV) para que pueda realizar contrataciones en forma directa, previo cotejo de precios, para las obras de infraestructura para desarrollar el Procrear II, en Los Chañaritos. Se trata de 1.600 viviendas que se edificarán en la zona sur de San Miguel de Tucumán, junto al emprendimiento Manantial Sur.
El presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio (Frente de Todos), afirmó que es necesario que se autorice la contratación directa para trabajos de red cloacal, agua potable, gas natural, energía eléctrica, desagües pluviales y demás obras que resultaren necesarias para posibilitar la oportuna habitabilidad de las viviendas que se edificarán como casas, duplex y monoblocks.
En la iniciativa se consignó el cuarto inciso del Artículo 12, de la Ley de Obras Públicas (N° 5.854), el cual autoriza la contratación directa “cuando trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas, que demanden pronta ejecución, no permitan esperar el resultado de una licitación pública”.
La norma aprobada, que favorece a la oficina que conduce Nora Belloni, debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia.
“La urgencia, una contradicción”
La legisladora Nadima Pecci (PRO) cuestionó las constantes solicitudes que llegan a la Cámara para facultar a diversas oficinas públicas para que puedan realizar contrataciones directas, evitando así los procesos de licitación pública previstos en el Artículo 12 de la Constitución de Tucumán. “Es un mecanismo constante la contratación directa en el recinto, casi la regla, alegando una urgencia. Estamos hablando de la construcción de un barrio que, seguramente, demandará mucho tiempo. Hablar de urgencia es, mínimo, una contradicción”, expuso en la sesión del miércoles.
La parlamentaria, también precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, cuestionó que en otras ocasiones se haya apelado a la contratación directa para barrios “que nunca se entregan, y tenemos que prorrogar”, dijo en clara alusión al emprendimiento habitacional Manantial Sur. “No hay motivos para no seguir los pasos legales. De ninguna manera podemos permitir que la emergencia y las situaciones de necesidad sean tomadas de excusas por una deficiente administración o de peores situaciones que se traducen en una contratación directa”, se explayó.
Pecci cuestionó también que en el dictamen no se hayan especificado las obras que se contratarán de modo directo. “Ni siquiera sabemos cuáles son las obras que se van a contratar. Va a haber miles de millones de pesos en contratación directa. Es bastante ilógico que, si hablamos de obras que van a llevar años, aleguemos la urgencia”, lanzó.
Urgencia y vandalismo
El miembro informante e impulsor de la iniciativa le respondió a la parlamentaria que debería haber pedido en la comisión el informe del IPV en el que indican las obras a realizar. “Cuando hablamos de contrataciones directas, para salirnos de las licitaciones públicas, hay motivos. El principal motivo en este barrio es que está ubicado en un complejo habitacional de Manantial Sur. Todas las redes tienen que ser en función de todo ese complejo. Hay 2.300 viviendas y se van a ejecutar más de 1.600. A toda la infraestructura hay que hacerla adecuada para todo el complejo”, explicó Caponio.
El legislador oficialista detalló que hay caños maestros de líquidos cloacales y de agua, así como redes troncales de electricidad, que se deben preparar para las casi 4.000 viviendas. “Ya hay una necesidad y una urgencia para que eso se termine porque las casas que se están entregando en la zona ya fueron vandalizadas muchas veces. Es una urgencia terminar con esas viviendas y con las infraestructuras, dijo. Añadió que ser ejecutivos con las contrataciones por el proceso inflacionario. “No es ilegal (la contratación directa), está contemplada en la ley para este tipo de casos”, apuntó.
El legislador Gerardo Huesen expresó que el bloque de Fuerza Republicana está en total desacuerdo con los procesos de contratación directa por lo que adelantó el voto negativo de la bancada. En igual sentido votaron Pecci y el radical José María Canelada. En tanto que Federico Masso (Libres del Sur) pidió a la Presidencia permiso para abstenerse de votar.
El proyecto
La obra de Procrear II consiste en 3.167 viviendas, en unas 90 hectáreas, a través de la combinación de tres programas: Desarrollos urbanísticos (1.663 viviendas: 13 torres, 56 monoblocks y 260 dúplex), lotes con servicios (1.513 lotes) y créditos para la construcción de casas a los que resulten adjudicatarios de los lotes.
Son 17 empresas las que tienen adjudicada la construcción de distintos sectores del emprendimiento. El plazo de obra, que está comenzando, es de 14 meses y cuenta con una inversión inicial de $26.000 millones nacionales.
