Las casas que entrega el Instituto de la Vivienda son, en teoría para beneficiarios que no poseen otra propiedad, por lo que deben ser habitadas en forma inmediata y efectiva por quienes resultaron adjudicatarios, pero esto en la práctica no siempre se cumple.
La interventora Stella Maris Córdoba, quien recientemente cumplió un año de gestión al frente de ese organismo, lanzó una campaña destinada a detectar unidades habitacionales que no son usadas o bien que estén ocupadas por terceros, tras ser cedidas en alquiler.
Se trata de inspecciones sorpresa que ya se realizaron en el barrio San Andrés III, compuesto por 180 viviendas, algunas de las cuales estaban en manos de otras personas que no figuran como adjudicatarias en los registros del IPV.
En estos casos los titulares son intimados para acudir a las oficinas del Instituto de la Vivienda a fin de justificar lo que se considera una irregularidad que, si no se aclara, puede derivar en la pérdida del beneficio.
“En los casos en los que no se pueda justificar por qué no están habitando allí, puede perder la casa”, aseguró la ex legisladora, quien además dispuso extender de tres a cinco años el plazo durante el cual el adjudicatario debe ser el ocupante efectivo de la casa a su nombre.
Esto se hizo porque tras investigar algunas denuncias recibidas sobre casas deshabitadas, se dieron conque algunas de ellas ya habían excedido el plazo anterior y estaban pagadas, por lo que el Instituto quedó imposibilitado de recuperarlas para readjudicarlas a personas que en realidad necesiten la vivienda.
