El juez federal Ariel Lijo ordenó este lunes la realización de un “informe técnico contable” vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma, informaron fuentes judiciales.
El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue “abusivo” como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin.
El informe le será encomendado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, una vez que las partes del caso respondan si tienen puntos técnicos que pretenden que sean abordados en el estudio, informaron a Télam fuentes judiciales.
La medida fue ordenada en el marco del expediente en el que se encuentran imputados? y ya fueron indagados- el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A. Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
La medida dictada por Lijo se originó tras un señalamiento de la Cámara Federal porteña que había recomendado la “producción de estudios” para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo alcanzado.
Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado ?en el concurso de acreedores de la firma- al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
Sobre ese punto, la Cámara Federal dijo: “Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”.
Los cuatro imputados del caso fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una “quita abusiva” en la deuda de la empresa postal con el Estado.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A., y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa” que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A”.
