Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, salió sorteado para evaluar el recurso que había presentado el senador José Alperovich a los fines de impedir que la pesquisa de la denuncia de presunto abuso sexual existente en su contra sea desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pedicone recibió el caso el 2 de enero, tras reintegrarse de una licencia compensatoria. Eudoro Albo, presidente de la Cámara, había optado por esperar el regreso de su par para activar el trámite de la impugnación. Antes de expedirse sobre la competencia, Pedicone deberá declarar la causa como asunto de feria, tal y como solicitó la defensa del senador. En enero, si accede al pedido, o a partir de febrero, en el caso contrario, el vocal podría llamar a una audiencia para escuchar a las partes, lo que implicaría el primer acto oral y público concretado en Tucumán en este expediente tan delicado.
Las definiciones serían inminentes, según explicaron las fuentes judiciales consultadas. La premura radica, por un lado, en que la denunciante, una sobrina y ex colaboradora de Alperovich, había pedido -por medio de su vocera, Milagro Mariona- que la cuestión de la competencia sea resuelta antes del 31 de diciembre. Por el otro lado, existe una denuncia idéntica a la radicada en la Justicia local con un desarrollo más avanzado en los Tribunales Nacionales porteños. En ese caso incluso ya dispusieron medidas de prueba, pese a que todavía estaba pendiente de resolución el recurso que articuló el ex gobernador, que manifestó su voluntad de ser investigado por Facundo Maggio, juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, en esta provincia. El escándalo obligó a Alperovich a pedir una licencia en el Senado: el permiso sin goce de haberes vence en junio.
Tanto Albo como Pedicone se convirtieron en camaristas de Apelación durante la gestión del ex mandatario denunciado, aunque el primero ya se desempeñaba como juez penal. El ingreso del proceso de la presunta violación a la vocalía de Pedicone entraña la tramitación oral puesto que ese magistrado aplica el nuevo Código Procesal Penal (Albo mantiene el régimen escrito). La víctima no estaría obligada a acudir a la eventual audiencia puesto que bastaría con la presencia de su abogado, Ricardo Santoro. Además de la defensa, que llevan adelante los profesionales Ariel Sosa (Tucumán) y Mariano Cúneo Libarona (Buenos Aires), deberían asistir al acto el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, o su reemplazante.
Decisiones y opciones
La posición que tome Pedicone -siempre que su intervención sea consentida- puede terminar con el debate sobre los Tribunales competentes o bien generar la necesidad de que el conflicto sea zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sucede que la denunciante pidió la investigación en las dos jurisdicciones con el argumento de que los hechos habrían ocurrido en ambas. A esta altura ya hay dos decisiones judiciales favorables a la concentración de las denuncias en la capital del país: fueron dictadas por Maggio y Mariano González Palazzo, vocal de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Osvaldo Rappa, juez porteño Nº 35, había dispuesto el trámite conjunto en Tucumán. Los fiscales nacionales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta habían dictaminado en el mismo sentido que Maggio y González Palazzo mientras que la fiscala local, María del Carmen Reuter, no opinó sobre la competencia. Reuter se limitó a requerir a Maggio la apertura de una investigación contra Alperovich puesto que este funcionario está protegido por los fueros (supuesto en el que procede la pesquisa jurisdiccional a cargo de un juez).
Hay argumentos técnicos para acumular las denuncias en una jurisdicción, pero también podría suceder que cada institución tramite la suya, aunque ello implique el riesgo de llegar a resultados contradictorios. La investigación en Buenos Aires se funda en que, al parecer, los supuestos actos ilícitos habrían comenzado allí, según se desprende de los análisis del testimonio de la víctima, que trabajaba con su tío en el Senado de la Nación -luego fue trasladada de oficina-. Por razones laborales, tanto Alperovich como su sobrina tienen arraigo en la capital del país. Otra razón para radicar la causa allá es que en alguna medida atañe al Congreso de la Nación puesto que cuestiona a uno de sus integrantes.
El criterio proclive a la investigación en la Justicia tucumana se basa en el hecho de que la denunciante y el denunciado están domiciliados en esta provincia. En el recurso que presentó, el codefensor Sosa había alegado que también residían aquí la mayoría de los testigos, y que la intervención de Maggio facilitaría la producción de la prueba en general y el ejercicio del derecho de defensa. A estos argumentos se suma la circunstancia de que, según la víctima, un número significativo de los presuntos ataques habría sucedido en Tucumán.
