El juez Ramos Padilla contraatacó en el Consejo de la Magistratura: pidió que citen como testigos a Mauricio Macri, Elisa Carrió y Claudio Bonadio

El juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo de la llamada causa D’Alessio, se defendió hoy ante el Consejo de la Magistratura por la denuncia que impulsó en su contra el Gobierno de Mauricio Macri y su intervención en la causa que destapó una red de espionaje político y judicial que llevaba adelante extorsiones, aprietes y operaciones ilegales. Pero su defensa atacó fuertemente la llamada “Operación Puf” y pidió citar como testigos al presidente Mauricio Macri, la ex presidenta Cristina Kirchner, la diputada Elisa Carrió, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros. Sostuvo también que se trató de ‘blanquear’ escuchas a detenidos y que desde el Ejecutivo se estuvo al tanto del contenido de esas grabaciones.

“Como juez debo avanzar en la investigación de las causas que son sometidas a mi decisión, y ello, por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo –sostuvo el juez de Dolores–. Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema de Justicia Nación ha señalado que ‘no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública”.

El 18 de marzo, el Gobierno formalizó una denuncia por mal desempeño contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. Fue después de que el juez fuese a la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, invitado por la oposición, y contara detalles de la causa. En televisión, el presidente Macri afirmó que Ramos Padilla ya se había “mandado varias” y añadió: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

La Comisión de Disciplina y Acusación analizó el caso e invitó al magistrado a hacer su descargo. Fue en ese marco en el que hoy Ramos Padilla respondió sobre la vaguedad de la imputación en su contra. “Lo actuado en aquella audiencia se relacionó precisamente con el deber que tenemos los funcionarios de actuar con transparencia y dar cuenta de los actos de gobierno –dijo el juez en su descargo-. Aunque se amenace con una sanción, los funcionarios no nos podemos negar a dar explicaciones frente a los representantes de los poderes constitucionales, pues en la actividad de todos los funcionarios y magistrados está la posibilidad de ser sometido a aquel escrutinio”.

Pero después de repasar otros cuestionamientos y rechazar las críticas, Ramos Padilla les dijo a los consejeros que deben evaluar su conducta que en la causa sólo hay dos planteos de las defensas en su contra: “Uno de ellos detenido, el otro declarado rebelde”. Aludió así al falso abogado Marcelo D’Alessio, por el peritaje sobre su teléfono celular –que resultó una pieza clave en la investigación-; y al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli.

El descargo de Ramos Padilla no vino solo. Su defensa fue por más: en otros dos escritos, se reclamó que desfilen como testigos ante el Consejo desde el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano y el jefe de AFI Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, hasta la diputada Elisa Carrió, la ex presidenta Cristina Kirchner, el juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena o el director de la oficina de escuchas que depende de la Corte Juan Rodríguez Ponte. También que se convoque a los detenidos Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, y al propio fiscal de la causa D’Alessio, Juan Pablo Curi, entre periodistas y políticos.

“El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la AFI, el Ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, el Sr. Juez Federal de Dolores, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda”, afirmó el juez Juan María Ramos Padilla, padre y defensor del juez de Dolores.

La defensa planteó que “resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados, con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura”.

“No caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta ‘operación escuchas’, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete. A partir de estas escuchas y su distribución no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente”, opinó Juan Ramos Padilla.

Ante el Consejo, Ramos Padilla padre equiparó también “la operación Puf” con la causa de las escuchas que tuvo procesado al entonces jefe de Gobierno porteño y hoy presidente Mauricio Macri. “La operación sería igual o más grave que la que se llevó a cabo con funcionarios del entonces gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hace responsable especialmente a los jueces que disponen, almacenan y/o pretenden utilizar las escuchas de personas detenidas, -en algunos casos a su disposición- e investigan y avanzan en procesos a partir de una injerencia arbitraria del estado, en el caso de gran magnitud”, opinó.

Según sostuvo, “el espionaje judicial podría ser sólo una parte de una maniobra política y judicial ilegal más ambiciosa, y atendiendo al modo en que se fueron sucediendo los hechos, premeditada”. Hizo hincapié así en que las escuchas fueron solicitadas en el marco de la causa de los cuadernos en donde está imputada la ex presidenta Cristina Kirchner, con lo cual –interpretó- lo que “se buscaba era blanquear escuchas para agregar de algún modo a la causa” contra la hoy precandidata a vicepresidenta.

“Todo el modo en que se recolectó reclamó, distribuyó, filtró, transcribió y finalmente entregaron a este Consejo la escuchas hablan de una operación direccionada en la que la responsabilidad de algunos funcionarios y magistrados aparece como evidente”, afirmó.