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El jurado de enjuiciamiento destituyó a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche

Fue por 5 voto a 2. La acusaban por no haberse apartado de un expediente judicial. Fue la fiscal que investigó a Sergio Urribarri en un caso en el que terminó condenado.

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Cecilia Goyeneche, la destituida fiscal anticorrupción de Entre Ríos. Foto gentileza Revista Análisis.
Descacharreo

El jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a la fiscal Anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, por no haberse apartado de una investigación sobre “contratos truchos en la legislatura”, pese a tener vínculos muy cercanos con uno de los imputados.

Hubo cinco votos para destituir a Goyeneche, mientras que solo dos integrantes del Jury votaron para que continúe en su cargo.

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Se trata de un antecedente peligroso, denunciaron desde la oposición, ya que la fiscal Goyeneche fue quien impulsó la causa para que lo condenen al exgobernador Sergio Urribarri.

Los votos que ​permitieron la destitución los aportaron el senador provincial del PJ, Armando Gay; el abogado Gonzalo García; la jueza Gisella Schumacher -pareja del presidente de la Cámara de Diputados provincial del PJ Ángel Giano-; el juez del Tribunal Supremo de Justicia Daniel Carubia -nombrado en 1988 por Jorge Busti- y el vocal del Tribunal Superior de Justicia Juan Smaldone.

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A favor de Goyeneche votaron el diputado provincial del Frente Justicialista Creer Gustavo Zavallo y la abogada y presidenta del Jury Verónica Mulone. 

A Goyeneche la habían enjuiciado luego de las denuncias de tres abogados particulares, Carlos Reggiardo (quien fue defensor del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi), Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los abogados la denunciaron por no haberse apartado de una de las causas de corrupción que más impacto generó en Entre Ríos conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura.

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Durante la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, quien era amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos propiedades que compraron de pozo. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pero pese a eso igual denunciaron a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial.

Uno de los néxos entre Goyeneche y el contador quedó a la luz cuando ordenaron embargar los bienes del acusado. Uno de los departamentos que intentaron inmovilizar era de Goyeneche.La fiscal sostuvo que en ese momento ya no compartía la propiedad porque ya había comprado la otra parte.

La fiscal, al final, se apartó del caso luego de que se revelara esos nexos. Cuando le tocó defenderse en el jury dijo que nunca habpia tenido trato directo con el acusado porque el vínculo era con su marido.

El caso de los contratos trucho en la Legislatura que ella investigaba detectó maniobras fraudulentas por unos 50 millones de dólares e involucraban a todos los partidos políticos de la provincia.

Las denuncias contra Goyeneche que ahora terminaron en su destitución generaron todo tipo de suspicacias. Las presentaciones se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa, y avanzaron justo mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el ex gobernador y embajador de Israel Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión.

La fiscal ya sabía que la iban a destituir. En varias entrevistas admitió que la iban a “echar” y apuntaba a maniobras políticas. La causa de los

Cómo sigue el caso

Con la destitución, el panorama de Goyeneche queda complicado. El reglamento del Jurado de Enjuiciamiento no prevé que pueda apelar, en otros casos se admitió que quien fue desplazado presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de la provincia.

Cuando sea notificada, la fiscal tendrá ocho días hábiles para hacer la presentación. En el caso de que el Superior Tribunal rechace el planteo, Goyeneche podrá interponer un recurso extraordinario para llegar a la Corte nacional.

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