En estos primeros días de mayo, entre las rajaduras de la interna feroz en el Gobierno reverdece un clásico del kirchnerismo duro: el Plan Impunidad. En el frente judicial, se trata de la negación crónica de los procesamientos y condenas por corrupción a funcionarios K, que se reciclan en ataques furiosos contra la Corte.
El razonamiento del relato sigue indemne: el lawfare es a todo el kirchnerismo. No hay ni hubo corruptos en sus filas sino perseguidos en todos los pisos de la pirámide. Por supuesto, en la cúspide espera Cristina. Sin embargo, hay escollos: un fiscal ante Casación acaba de oponerse a que Cristina sea absuelta sin juicio por las denuncias de coimas en Hotesur y Los Sauces.
Lo mismo había pasado en la causa del Pacto con Irán. Tarde o temprano, todo terminará en la Corte y por eso el Plan Impunidad debe acelerarse. Ayer martes Diputados formó las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, claves para canalizar la embestida. Aunque parezca increíble a esta altura del año, se apuraron.
Aún hay otras 15 comisiones que ni siquiera tienen miembros designados. En Entre Ríos hubo una pequeña muestra de cómo se activan los resortes del poder contra funcionarios judiciales molestos. La fiscal Cecilia Goyeneche investigó al ex gobernador Sergio Urribarri -finalmente condenado por corrupción-.
Y descubrió un mecanismo de contratos truchos en la Legislatura provincial que evaporó más de 50 millones de dólares. El poder político suspendió a la fiscal y le inició un jury de enjuiciamiento sumando entre sus integrantes a miembros del PJ local. La fiscal fue a la Corte y tuvo un resultado exprés. Primero el procurador Casal dijo que el reclamo correspondía.
Y este martes la Corte lo admitió y suspendió el juicio político. Es uno de esos frenos que el kirchnerismo detesta. El caso deja una postal de la Argentina inexplicable: Urribarri fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida, pero todavía es el embajador argentino en Israel.
Sin embargo, cabe mencionar que, aunque el Gobierno nacional le aceptó la renuncia hace más de un mes a Sergio Urribarri, el decreto todavía no llegó a la capital de Israel, Tel Aviv. En ese sentido, está claro que se trata de un accionar que se parece demasiado a una protección política.
