Alberto Fernández esgrime la inutilidad y ridiculez de quien golpea la mesa y sale con dolor en la mano. Esta semana, mientras un tembladeral financiero sacude al país y resquebraja lo que queda del Frente de Todos, se prodiga en amagos de autoridad que desnudan su creciente aislamiento político. En ese marco, decidió dejar de lado su agenda cuando el país arde con el fin de estar de lado de los ladrones y de espaldas al pueblo.
Y es que Alberto Fernández voló a Jujuy mientras se reunía el gabinete vaciado y buscó la foto de un abrazo con la múltiple procesada y condenada Milagro Sala, internada para complacer al kirchnerismo duro a dos bandas: no tanto por el gesto directo hacia la dirigente condenada, sino más bien para cuestionar a la Corte, hoy la principal preocupación de la jefa de la banda, es decir, Cristina Kirchner.
De verdad que pareció otro intento personal para buscar el milagro de un aplauso interno que nunca le llega. Sólo el Cuervo Larroque le concedió un tuit de tres palabras: Muy bien @alferdez. Un ministro bonaerense aprobando una acción presidencial. Es la Argentina donde la perdiz le tira a la escopeta. Y si de ridiculeces hablamos, cabe recordar que el kirchnerismo elevó a Milagro Sala a símbolo del lawfare.
Pero Milagro Sala no es una presa política, sino más bien una política presa. Si para muestra basta un botón, hay que recordar que Sala se encuentra detenida por la causa conocida como “Pibes villeros” por la que fue condenada a 13 años de prisión. Es por el desvío de $60 millones originalmente destinados a la construcción de viviendas sociales, pero que desaparecieron. La investigación forma parte de una “megacausa”.
Una que investiga el desfalco de $700 millones entre el año 2011 y el 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo exfuncionarios provinciales. También está condenada a tres años de prisión por agresiones contra el actual gobernador Gerardo Morales. Y aún tiene otro procesos y denuncias en marcha. La justicia actuó con Milagro Sala, y respetó sus derechos.
De hecho, el Tribunal de Justicia provincial la benefició cambiando fallos de primera instancia, como en la causa por “lesiones graves” contra Lucas Arias, en 2006, donde fue condenada a cuatro años de cárcel. Sin embargo, en 2020 el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad de la defensa y la sobreseyó. Muchas de sus víctimas no tuvieron esa suerte.
Basta ver el documental de Pablo Racioppi, “Jujuy desoído” donde muestra como Sala se convirtió en jefa de la Tupac Amaru, una organización social con manejos criminales, constructora de viviendas del Estado, que se hizo dueña de todo el territorio, a costa de la explotación de los pobres. El resultado de los testimonios recorre un camino de corrupción, torturas, muerte, robo, violaciones, abusos de menores y estafas públicas y a privados.
En medio de una situación social y económica que tiene al país al borde del precipicio y frente al aislamiento político que le propician sus pares, elegir visitar a una dirigente social con esos antecedentes delictivos, mostrando que esa es su prioridad en la agenda de Gobierno en medio de este contexto tan convulsionado, no hace más que mostrarnos que el Presidente ya resignó la posibilidad de encontrar una salida de gestión a su patético laberinto político para aferrarse a la triste espera de un milagro.
De todos modos, la “operación Milagro” parece otra “patriada” tribunera. ¿Alguien en el Gobierno cree que la Corte actual, con la impronta que ha mostrado en sus últimas resoluciones, va a sentirse inclinada a fallar en favor de Sala porque Fernández lo reclame públicamente? La respuesta es no. Cabe entonces plantear otra pregunta: ¿conseguirá con el apoyo a Sala recuperar el favor de Cristina? Otro no, rotundo.
Ella exige un giro en las políticas, no palabras que endulcen sus oídos. Nada para ilusionarse. Alberto Fernández sufre el karma del converso: para creerle siempre le piden un poco más. Lo cierto es que, con un país en llamas, demasiados frentes en conflicto y una situación económica y social que impacta cada vez con más fuerza, el Presidente dispuso de por lo menos medio día entre ida y vuelta para desplazarse a Jujuy.
Su nutrida agenda de trabajo, que debería justificar el sueldo que los ciudadanos le abonamos, pudo esperar. Se estima que también dispuso de unos 4500 dólares para volar cada tramo, afrontados desde el erario público. No eligió Alberto Fernández el destino para satisfacer al gobernador, Gerardo Morales, quien en reiteradas ocasiones lo invitó a visitar proyectos ligados a la explotación del litio, que allí abunda.
Tampoco a inaugurar una escuela, una ruta o un puente. Tan afecto al contacto físico y contrario a los protocolos, fue a estrechar en un conmovedor abrazo a Milagro Sala. Tampoco viajó solo. Sus más estrechos colaboradores lo acompañaron, seguramente para amortizar el viaje. Parece desconocer Alberto Fernández cuántos otros ciudadanos ven pisoteados sus derechos humanos cuando se les niega la prisión domiciliaria.
Pero lamentablemente, no es lo púnico que ignora Alberto Fernández ya que también desconoce el presidente nada menos que la propia carta magna, a pesar de ser abogado. Y es que el Artículo 36 de la Constitución Nacional Argentina señala que la misma “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Tal es el caso de la nefasta delincuente Milagro Sala. En definitiva, el viaje del Presidente a Jujuy no puede ser pasado por alto. Se analiza si habría sido un pedido expreso de Cristina Kirchner o si se trata de otra estrategia de distracción ante la gravedad de los problemas que aquejan al país. Sea como fuere, este episodio representa un nuevo despropósito. Un vuelo bajo, muy bajo en medio de un país incendiado y cuyas llamas llegan alto, muy alto.
