La Justicia entró en el territorio de los narcos, porque en eso se ha convertido Rosario. Que los miembros del Máximo Tribunal debieran llegar en un auto blindado explica muchas cosas. Que desembarquen era urgente. Ya es demasiado con las ausencias de la política. El Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dio una clara señal frente al avance del narcotráfico en todo el país, pero cuyo punto de ebullición se encuentra en la próspera y peligrosa Rosario.
La violencia que padece como campo de batalla de la guerra narco, ha escalado a límites insostenibles: más de 100 asesinatos en lo que va del año, la mitad de ellos en manos de sicarios. Santa Fe es la muestra más cabal de la expansión del narcotráfico en Argentina, que se confirma, desde otro costado, desde la demanda, con el incremento exponencial del consumo de estupefacientes, como la cocaína, en los últimos 10 años.
La prevalencia del consumo de cocaína aumentó 129%: las cifras alarman. Rosatti habló de decisión política para enfrentar al narcotráfico. No fue casualidad, hoy esa decisión, trascendental para organizar y planificar los recursos del estado para detener su avance, es la gran ausente. No hay política de Estado ni compromiso del Gobierno Nacional en avanzar decididamente en la desarticulación de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
La eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, al inicio de la gestión de Alberto Fernández, fue la antesala del abandono de la política de seguridad implementada para combatir a los narcos en el país. Rosatti en su discurso habló de la necesaria cohesión estatal, que debe ser horizontal, entre los tres poderes del Estado y vertical, Nación, provincia y municipios.
Eso era y representaba el Acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”, lanzado en 2016 por Macri, junto al titular de la Corte, Legisladores y Gobernadores, que generó récord en incautaciones y detenciones de miembros de organizaciones narcos. Acuerdo que fue discontinuado deliberadamente por la actual gestión, que se desentendió de la cuestión, liberando de hecho, fronteras, rutas, puertos y mercados a las organizaciones narcos que operan en el país.
Prueba de ello, fue el paso por la Argentina de 16 de las 23 toneladas incautadas en Hamburgo, de lo que es considerado el mayor cargamento de cocaína que ingresó a Europa en toda su historia. Los controles en nuestro país brillaron por su ausencia, sospechosamente nadie vio nada. “La cárcel no debe controlar la calle para lo cual es necesario contar con herramientas de información necesarias”, lanzó el Presidente de la Corte en Rosario.
Su reclamo va a contramano de la injustificable decisión del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires de disolver las direcciones de inteligencia criminal en el ámbito del sistema penitenciario. Liberaron presos de las cárceles con la excusa de la pandemia y ahora permiten a los presos operar con libertad dentro de ellas, sin interferencias molestas que puedan alertar de futuros crímenes planificados en su interior.
Pero además incumplen deliberadamente la ley de ejecución de la pena, cuya última modificación de mi autoría, prohíbe terminantemente el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios. Inexplicable. No hay neutralidad posible… La indiferencia no es neutralidad sino complicidad, remató Rosatti en otro de los pasajes de su discurso. Todo sea dicho y al que le cabe el sayo que recoja el guante. Hasta ahora el Gobierno hace silencio.
Estamos ante el peligroso desfiladero de transformar al país en un narcoestado. Por eso es imprescindible que frenemos su marcha sin pausa que desfigura nuestra sociedad y arruina el futuro. Estamos a tiempo, aún podemos recuperar la iniciativa, la batalla no está perdida, pero para ello es necesario tener la decisión política de avanzar contra el narcotráfico. No organizar al Estado es complicidad. Los que piden Estado presente hasta ahora sólo han contribuido, por acción u omisión, al narco presente.
