En la semana que se marchó para nunca más retornar, quedó más que claro que el atentado contra Cristina Kirchner fue aprovechado para multiplicar los ataques a la Justicia y para condicionar la paz social a la concesión de impunidad para la vicepresidenta (el senador Mayans lo dijo clarito). También, para alentar el discurso del odio. A esta altura de los acontecimientos no debería sorprender.
Con el fin de concentrar poder para que la voluntad del líder pese más que la ley, el populismo construye un enemigo. Y lo hace con la arcilla del odio, avivado al calor de las frustraciones del presente, pero también mediante la manipulación del pasado y de los traumas que ese pasado dejó en la sociedad. Así, divide entre un “nosotros” y un “ellos” que no admiten matices. Buenos y malos.
El kirchnerismo eligió como enemigos a la oposición, la Justicia y la prensa. No es casual. La oposición contiene su ambición de ir por todo. La Justicia le pone el límite de la ley. La prensa confronta el espejismo del relato con la verdad de los hechos. Para neutralizar a estos “enemigos”, hay que someterlos o colonizarlos. El kirchnerismo sigue respondiendo a este esquema de conducta.
Y jamás lo ha desplegado con tanta claridad como ahora, cuando las evidencias de corrupción expuestas en los tribunales socavan el relato y permiten anticipar condenas para Cristina Kirchner y muchos de sus exfuncionarios. En la desesperación, inyectan una dosis mayor de resentimiento en la sociedad y fuerzan el relato adjudicando esa violencia a la oposición. La batalla que libran contra el sistema republicano se agudiza y no se podía esperar otra cosa.
Tal vez convenga advertir que la respuesta puntual a cada ataque recibido alimenta la polarización, negocio del kirchnerismo. La sociedad, en su gran mayoría, no quiere la confrontación. Evitarla no es tarea sencilla, con un oficialismo que te lleva al barro, apela a la mentira y ataca presupuestos de la democracia que merecen ser defendidos. Pero, con la palabra política envilecida, quizá haya que confiar esa defensa a las vías institucionales.
Cuando actúan, las instituciones ofrecen anticuerpos de peso para defender los principios republicanos. Un ejemplo es el pronunciamiento de la Asociación de Fiscales de la Nación, que criticó el modo en que Axel Kicillof y otros funcionarios vincularon el alegato de los fiscales Luciani y Mola con el atentado a Cristina Kirchner. Se trata, en suma, de preservar la cordura ante tanto desvarío.
Lo cierto es que en la semana que se fue para ya no volver, el impacto generado por el atentado contra Cristina Kirchner se diluyó con la rapidez con la que se disuelven en boca los copos de algodón de azúcar. El dispositivo de oportunismo político que desplegó el aparato comunicacional del oficialismo profundizó de manera exponencial el clima de desconfianza y descreimiento en el que grueso de la sociedad intenta sobrevivir.
Lejos de abrir un espacio para el encuentro y los consensos, la articulación del discurso divisivo que bajó desde el Gobierno sólo reavivó sospechas y suspicacias. En ese marco, un puñado de diputados oficialistas trabaja en un proyecto de ley para penar a los jueces del lawfare con prisión. Analizan una pena de 6 a 10 años para los magistrados que “cercenen los derechos políticos de otra persona”.
Si, como bien se ha dicho, el episodio que vivió la vicepresidenta una semana atrás ha significado un tremendo llamado de atención, un salto en escala, deberíamos capitalizar este momento para intentar salir adelante, con el esfuerzo y compromiso de todos, llamando a la racionalidad, sin falsedades y extremando la cautela. Sin embargo, desde el kirchnerismo se hace todo lo contrario.
En ese marco, Mario Firmenich habló de guerra civil, hablando del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Dijo exactamente: hay una “provocación terrorista para la guerra civil”. De eso sabe porque fue un terrorista. Pero se fue directo a la banquina asociando los copitos de Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte con el terrorismo.
Mucho peor: llegó a decir que, con el ataque a Cristina, ellos habían mandado un “aviso” a otros líderes de la región. Firmenich es el de siempre: ni una sola palabra de autocrítica sobre su responsabilidad en las muertes y en la violencia terrible de los 70. Y algo que dice quién es él de verdad: en el momento de la represión más brutal de sus compañeros, estaba a resguardo, fuera del país. Y sigue viviendo afuera: desde hace muchísimos años, en la comodidad de Barcelona.
No será Sabag Montiel, pero en eso de repartir odio, no le anda atrás. Casi como Wado de Pedro, el ministro político, quien se sacó el traje de moderado para tuitear: “No es un loco suelto ni es un hecho aislado (el ataque fallido contra Cristina): son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a discursos violentos”. Lo notable es que un personaje como Firmenich sea tomado en serio y hasta considerado un referente por el camporismo.
El tiempo pasa en todos lados, pero se detiene entre nosotros. Y bien del camporismo es lo que acaba de pasar en su cuartel general de Santa Cruz. Fernando Basanta, un abogado no matriculado y ex funcionario, fue designado nada menos que juez de la Corte provincial. Una explicación: es amigo y aportante de la campaña de Máximo Kirchner. Otra, que es complementaria: el kirchnerismo lo puso ahí para protegerse.
Queda claro: no está ahí sólo por las dudas sino por las dudas de la que se viene. Y es que se trata de una verdadera locura digna de la irracionalidad a la que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo cuando nuevamente va en contra de la Justicia usando y abusando de la victimización de Cristina Kirchner con el objetivo de seguir generando un odio y una grieta enorme en Argentina para garantizar la impunidad de la vicepresidenta.
Es por ello que le importa nada al kirchnerismo plantear nada menos que la cárcel para los jueces que la juzgan en lo que es un accionar claramente inconstitucional, además de un peligrosos y grave avasallamiento a la Justicia mediante el tratar de inmiscuirse en un poder de la República que es independiente por definición, algo que aborrece todo populismo como el que gobierna la Argentina.
Sin embargo, es menester recordar que ser víctima de un atentado no convierte a nadie en inocente de otros delitos, por lo cual ni la movilización permanente ni los frágiles clamores populares garantizarán la competitividad electoral de alguien, como la vicepresidenta, que sigue exhibiendo hasta hoy, una imagen positiva sensiblemente inferior a su imagen negativa en todas las encuestas.
En ese sentido, cabe señalar que el más reciente sondeo de D’Alessio Irol-Berensztein, efectuado en agosto entre 1209 encuestados, le asigna a Cristina una imagen negativa del 69% y una positiva del 28%. Con todo, esos índices son mejores que los de Alberto Fernández, quien exhibe una percepción favorable de solo el 19% contra una negativa del 75%. Claramente, el horizonte pinta mal para la vicepresidenta, por eso la locura desatada en la semana que ya no volverá.
