Con motivo del inicio del esperado juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa denominada Vialidad, diversos integrantes del Gobierno declararon que la principal imputada es víctima de una persecución política que ejecutan los fiscales que la acusan y el tribunal que la enjuicia. Esa persecución tendría como principal objetivo inhabilitarla para desempeñar cargos públicos.
Se manifestaron en ese sentido el ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien no dudó en calificar la situación como una violación de los derechos humanos de la expresidenta de la Nación. Todo esto ocurre cuando, desde el oficialismo, se insiste en ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tal iniciativa, que nadie puede justificar en ninguna razón funcional seria, revela desesperación por no haber sido capaces de manipular al máximo tribunal, en el que inexorablemente terminarán las causas que investigan hechos de corrupción. A semejante arremetida se suma ahora la absurda recusación de Cristina Kirchner para que sean apartados de esa causa tanto el fiscal Diego Luciani como el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
No dedica la vicepresidenta esfuerzos a intentar desmentir o justificar las maniobras de las que se la acusa, sino que, fiel a su estilo, embiste ahora contra los funcionarios judiciales a partir de una foto en la que se los ve en una cancha propiedad de la familia del expresidente Mauricio Macri, por la que desfilan asiduamente numerosos equipos. Se trata nada más ni nada menos que de una interpretación amañada de los hechos.
Ninguno de los dos funcionarios judiciales aceptará la recusación, ya que aseguran que no tienen relación alguna con Macri, que esa imagen es previa a haber recibido la causa Vialidad y que solo participaban de un torneo amateur, al que se presentaron muchos equipos. Es probable que Cristina Kirchner y sus abogados sepan que no los asiste la verdad con la recusación planteada, pero con ella logran poner nuevas piedras en el camino.
A fin de demorar un pronunciamiento judicial en una de las causas más escandalosas en las que se encuentra imputada. Cristina está siendo juzgada con todas las garantías. La etapa de instrucción, en la que se reúnen elementos que sirven para el posterior debate oral, aportó mucho material que justifica el enjuiciamiento. Por más que parezca, que alguien sea procesado no equivale a condenarlo, sino que siempre se le brinda la oportunidad de defenderse.
Puede, como lo ha hecho, recusar magistrados, producir, controlar e impugnar las pruebas e interponer todos los recursos que la ley permite contra la sentencia del tribunal que lo enjuicia. El carácter oral y público de la etapa de debate permite que cualquier ciudadano se forme la opinión que sea respecto de la culpabilidad o inocencia de los imputados. Pero en la causa Vialidad ese debate acaba apenas de iniciarse.
De modo que nadie está en condiciones de calificar el juicio seriamente como una persecución. Afirmar desde el Gobierno nacional que, bajo las circunstancias del caso, el enjuiciamiento de una figura política es una persecución equivale a alzarse nada menos que contra la Constitución Nacional y presionar al Poder Judicial desconociendo la división y el control recíproco de los poderes.
Si una nota común tienen todos los regímenes sean autoritarios o dictatoriales en el mundo entero, de cualquier ideología que sean, es justamente la sujeción al poder de una judicatura que no controla a los gobernantes ni protege a los ciudadanos. Por el contrario, una situación como la actual no es disfuncional, sino exactamente lo que los constituyentes quisieron que ocurriera.
