En las 410 páginas que integran el proyecto de Juicio Político contra la Corte Suprema, el oficialismo adelanta algunas herramientas a las que echará mano para defender su acusación.
A sabiendas de que no tiene número suficiente para que la iniciativa avance en el recinto, montará un “show mediático”. Más allá de citar a los cuatro magistrados, solicitará informes a más de 10 organismos y citará a decenas de testigos, entre ellos, a gobernadores, funcionarios nacionales, organismos de Derechos Humanos y Juristas K.
Como ya se había adelantado, los legisladores llamarán para que declaren a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes no tienen la obligación de acudir.
Desde un inicio la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, aclaró que se los citaría no solo para interrogarlos sino que como acusados tienen derecho a hacer un descargo o defensa.
Pero en la categoría de testigos la lista de convocados se extiende. Es que las denuncias contra los mandatarios no solo incluyen el fallo que declaró inconstitucional la reforma de la Magistratura de 2006 y el que obligó a la Nación a incrementar la coparticipación a la Ciudad.
Los diputados también incluyeron el fallo del 2×1 en el caso “Muiña” por lesa humanidad, y la causa por desmanejos en la Obra Social de los judiciales.
Testigos
A raíz de la disputa por la Coparticipación entre Nación y Ciudad, el oficialismo pedirá que den testimonio algunos de los 12 gobernadores que acompañaron el pedido de Juicio Político. También funcionarios nacionales como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el ministro de Interior Eduardo “Wado” De Pedro.
Respecto a la disputa por el Consejo de la Magistratura, incluyen en sus pruebas la filtración de chats que involucran a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad y Silvio Robles, vocero de Rosatti. Ambos también serán citados.
El principal punto del oficialismo en esa cuestión es que la Corte tras declarar inconstitucional la Reforma de 2006, se arrogó facultades legislativas al poner en funcionamiento una ley anterior y que eso no puede hacerlo.
Van a citar para exponer a los juristas y constitucionalistas Eugenio Zaffaroni, Eduardo Barcesat y el español Baltazar Garzón.
Por otra parte por el fallo del “2×1”, hay numerosos testigos. Entre ellos, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el CELS e HIJOS Capital.
El listado se completa además, con numerosos directores, secretarios, funcionarios y empleados de la Corte, el médico legista Enzo Canonaco y el docente de la UBA, Gustavo Montanini.
Pruebas
El pedido de Juicio buscará recolectar y generar pruebas. Para eso, los legisladores del oficialismo pretenden cursar pedidos de informes a distintas dependencias.
Si bien no especifican de qué modo la usarán dejan abierta la puerta dándole intervención a oficina encargada de las escuchas: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), para “establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas”.
Del proyecto se desprende que le solicitarán a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) un informe que estime el impacto presupuestario de la resolución por la Coparticipación que desfavoreció a la Nación.
También le pedirán a la Comisión Federal del Impuesto (CFI) un informe técnico sobre los componentes que se tuvieron en cuenta para en la transferencia que el entonces presidente Mauricio Macri le hizo a la Ciudad, comandada por Horacio Rodríguez Larreta en 2016.
Por otra parte, a modo de vincular a D’Alessandro con Silvio Robles las resoluciones en las que se designó a la mujer de Robles, Laura Latorre, en dependencias de Nación o Ciudad durante gobiernos del macrismo.
